Impunidad

NEGACIÓN. Cambio de opinión por conveniencia política . Y aplicación del principio antes negado para el beneficio propio. La secuencia define el proceder el PSOE y del Gobierno del Reino de España bajo la dirección de Pedro Sánchez. Sobran los ejemplos, algunos sangrantes: no gobernaría con Podemos porque le quitaba el sueño; nunca pactaría con EH Bildu y si hacía falta lo repetiría hasta 20 veces; no decretaría los indultos de los condenados por el procés; a tres días de votar en julio de 2023 no accedía a la amnistía que pedían los independentistas catalanes porque no cabía en la Constitución...

Sin duda esta última, la clave de bóveda de esta XV Legislatura inviable, es la palmaria demostración de este tóxico comportamiento para la vida pública española, al tratarse de una transacción corrupta: mantenimiento en el poder –sin ganar las elecciones, no se olvide– a cambio de la impunidad penal que le exigían Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de sus conmilitones.

Y claro, si la impunidad es moneda de cambio parlamentaria y hay políticos que se autoamnistían al votar la ley más infame desde la restauración democrática, impugnada con gran fundamento por el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, sólo era cuestión de tiempo que Sánchez decidiese que él está legitimado para dar impunidad a su entorno más cercano: su esposa, su hermano, su fiel escudero en el partido y en el Gobierno, su fiscal general...

Es el objetivo de la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, calificada ayer mismo por la Mesa del Congreso. Hasta su indisimulada denominación deja claro que busca la impunidad, garantizada por una disposición que obligaría a aplicarla en las causas judiciales ya abiertas contra sus familiares y colaboradores. Y el modus operandi es el mismo que con la amnistía: se obvia el proyecto de ley para impedir que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial puedan pronunciarse en los preceptivos informes a que obligaría la iniciativa legislativa desde el Ejecutivo.

Esta degradación ética y política sin parangón muestra la deriva de descomposición de su Gobierno, dure lo que dure, porque la resistencia será máxima sólo para mantener el control de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado. Da igual que no haya presupuesto –incumpliendo incluso el artículo 134.3 de la Constitución– o con qué le chantajee Puigdemont. Sólo importa lograr la impunidad para eludir la acción de la Justicia.