La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La lluvia en Sevilla merece la fundación de una academia seria
PASA LA VIDA
SE habla con frecuencia del proyecto para la sustancial profundización en el dragado del Guadalquivir desde Sevilla hasta su desembocadura, con el fin de potenciar el Puerto hispalense. El río es la eterna pregunta de Sevilla. Por eso fue muy llamativo, ayer en el Foro Joly, que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, cuando le preguntaron que diera un sí o un no a la demanda de más dragado para el Guadalquivir, optó por la tangente más lúcida y menos comprometedora. Responder preguntando: "¿Y para qué hace falta un dragado?".
Con una sola frase a la defensiva, y ante muchos empresarios que hacen lobby para aumentar el calado del río como canal navegable, Planas ha dejado caer que el dragado ni está ni se le espera. Ha llegado al río y no va a cruzar ese puente. No quiere dar pábulo a la Autoridad Portuaria, que desea licitar una enorme inversión pública cuya conveniencia ha sido rebatida por el comité científico que tenía la encomienda de estudiar las consecuencias de la radical transformación del lecho fluvial. El saber ocupa lugar en su cabeza. No quiere pasar a la Historia como el político que se cargó Doñana. Y en el mismo acto, elogió la labor de denuncia de la organización WWF-Adena contra la extracción ilegal de agua subterránea para cultivos agrícolas en el entorno de la Reserva de la Biosfera. Dos guiños en sólo 15 minutos al ecologismo y a la investigación científica aplicada al medio ambiente. Inaudito.
Se nota que Luis Planas ha estado en los últimos 20 años más en Bruselas que en Sevilla. Piensa con la lógica de un político europeo y concienzudo. Hay compañeros de gobierno autonómico que son todo lo contrario. En el manual de estilo de Planas no cabe subirse al carro que le pongan por delante. Además, para qué jugar a vender motos, si la Junta de Andalucía está pasándolas canutas para llegar a final de cada mes. Le debe la asignación a sectores tan diversos como los centros asistenciales de discapacitados, las guarderías, las universidades, las ingenierías y las constructoras de obra pública.
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