El Gobierno y la pornografía

Este gobierno cuenta con 869 asesores, según los últimos datos oficiales, una cifra de escándalo que multiplica por mucho los de gobiernos anteriores. Con esa cantidad de personas a las que pagamos todos los españoles para que el presidente, sus ministros y altos cargos estén bien documentados antes de toma decisiones que nos cambian la vida. ¿No hay nadie capaz de informarse antes de redactar unas páginas sobre el tema que le han encargado, que recojan las consecuencias de plantear la norma de tal o cual manera, de analizar pros y contras? ¿No hay nadie con la vida de un ciudadano normal y corriente y conozca por tanto cómo es la vida normal y corriente? Está bien que esos numerosísimos asesores se centren en cuestiones que Pedro Sánchez considere básicas para que le sigan votando y estos días den vueltas a los asuntos judiciales.

Entremos en cuestión. Las medidas que ha anunciado el ministro Luis Escrivá para impedir que los menores tengan acceso a las páginas webs con contenidos para adultos, y para que los adultos cumplan determinadas normas para tener acceso a webs pornográficos, son de no creer. Da la impresión de que el gobierno y sus asesores no son de este mundo. O puede que el Gobierno y sus asesores consideren que la mayoría de los españoles son tontos de solemnidad.

Las normas para los adultos que quieren entrar en páginas webs de contenido sexual inciden directamente en su privacidad: no se pueden exigir datos personales que corresponden a la vida íntima de cada uno, a no ser que sea delictiva. En cuanto los requisitos para los menores, cualquier crío de doce años sabe cómo burlarlos. Da la impresión de que entre esos casi 700 asesores no hay ninguno que se haya molestado en conocer dónde están domiciliadas las páginas webs más importantes, que no es España y por tanto no se rigen por las normas que anunciaba Escrivá. Tampoco parecen saber que eso de que hay que inscribirse en la página que promueve el Gobierno, aun no activa, es imposible que funcione. Que el ciudadano de turno debe demostrar su edad, recibir un código y facilitarlo antes de entrar en una de esas páginas porno. Una operación fácil para los menores, pero no para la mayoría de sus padres. Promover una buena educación y unos principios está bien. Pero con inteligencia y conocimiento de causa. Por no mencionar que, desde el Gobierno, no es precisamente buena educación y principios lo que fomentan…