El gobierno de los jueces

El culebrón a cuenta de la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial no parece tener fin, y cuando ya se avistaba su final dando por hecho el pacto urdido durante intensas horas de negociación a cargo de los colaboradores más cercanos a Sánchez y Casado, previa llamada a la concordia del primero al segundo, otra vez se ha producido el parón, motivado al parecer por el veto de los populares a dos magistrados sospechosos de gustarles demasiado la política.

Si hemos quedado en que vosotros, con la mermada representación parlamentaria que contáis, tenéis derecho a designar a hasta diez miembros, ninguna razón hay para vetar a los que nosotros proponemos, vienen a decir, con cierta dosis de razón, los socialistas. Lo que no vamos a permitir, le contestan desde el otro lado, es que entre los vuestros me cuelen precisamente a quien incluyó la famosa frase en la fatídica sentencia para que a continuación nos dierais con ella en la cabeza, hasta quitarnos el sillón, ni a alguien que viene directamente de ejercer funciones políticas a las órdenes de Pablo Iglesias. Y también tienen razón.

En realidad, la génesis del problema hay que buscarla a mediados de los ochenta, cuando el venerable Partido Socialista de González y Guerra no tuvo otra ocurrencia que desplazar el eje de nombramiento desde el gobierno de los jueces como disponía (y dispone) la Constitución al designio parlamentario, con la salvaguarda de la mayoría reforzada de tres quintos, admitida a regañadientes, ay, por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, eran otros tiempos, el bipartidismo dominante no tuvo demasiados problemas para ir renovando el Consejo, repartiéndose los cargos dejando algún detalle para el nacionalismo (entonces civilizado) catalán.

Ahora, con un presidente Sánchez preso de sus acuerdos con secesionistas y radicales y un Casado que no puede permitirse otro resbalón en su ya accidentada trayectoria, y con temas delicados sobre la mesa que exigen de rigor, autoridad e independencia, todo lo que no sea el acuerdo leal y sensato sobre veinte hombres y mujeres de probada solvencia ética y profesional, por encima de partidos e ideologías, es abonar un campo especialmente propicio para la confrontación, y una oportunidad perdida para demostrar que todavía hay gobernantes preocupados por preservar la buena salud de sus instituciones más esenciales.