La aldaba
Carlos Navarro Antolín
El pase robado con la 'mafia' del taxi de Sevilla
La tribuna
DESPUÉS de años de navegar por el proceloso mar de la inseguridad jurídica, las Cámaras de Comercio abordan un nuevo futuro legal que las convierte en instrumentos de primer orden en el concierto económico global. La Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, aprobada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados, supone un hito histórico para unas instituciones que tienen como principal referente a las pequeñas y medianas empresas, abocadas hoy a desenvolverse en escenarios donde la competitividad exige rentabilizar sinergias a través de la coordinación de estrategias privadas y pública.
El testigo pasa ahora a las comunidades autónomas, que antes del 31 de enero de 2015 tienen que desarrollar el modelo normativo que regirá, en este caso para Andalucía. Confiamos en que nuestra tutelante, la Consejería de Turismo y Comercio, asuma este nuevo reto con el mismo entusiasmo y compromiso con el que hoy lo hacemos las instituciones camerales en pro del futuro de muchas pequeñas y medianas empresas y el despegue de nuestro tejido productivo.
No ha sido fácil llegar a este nuevo estatus. Durante los más de tres años de indefinición legislativa, las Cámaras han seguido prestando sus servicios en la más absoluta orfandad y precariedad, y en medio de grandes sacrificios y serias dificultades.
Para sobrevivir y seguir dando servicios, las Cámaras de Comercio han sufrido recortes drásticos, con serias amenazas para su supervivencia. Y esta travesía del desierto ha puesto a algunas de nuestras instituciones contra las cuerdas.
Sin embargo, y pese a situaciones en muchos casos extremas, quiero afirmar que todas las Cámaras de Comercio andaluzas siguen vivas. Y así, los tiempos de ajuste económico, organizativos y de personal les han permitido adecuarse a la nueva situación y hoy pueden afrontar el futuro con mayor garantía de éxito.
Las Cámaras de Comercio miran hoy el horizonte esperanzadas, con nuevos retos y desafíos. La Ley aprobada por el Congreso puede suponer un punto de inflexión en el devenir de nuestras instituciones. Las mejoras incorporadas a la Ley refuerzan las funciones públicas, administrativas y de servicios, así como la transparencia de sus actuaciones como corporaciones de derecho público. Sus funciones institucionales se desarrollarán en colaboración con la Administración y estarán ligadas al Plan Cameral de Internacionalización y al Plan Cameral de Competitividad para las pymes.
Avaladas por 125 años de historia, las Cámaras de Comercio están llamadas a seguir jugando un papel decisivo en el concierto económico autonómico, nacional e internacional. No en balde, el comercio exterior resulta hoy imprescindible para asegurar la consolidación y la expansión de las empresas y del conjunto de la economía española y andaluza. Las Cámaras de Comercio, por su experiencia, servicios técnicos, homologación con instituciones similares en los países más desarrollados de nuestro entorno económico, y nivel de interlocución con las administraciones públicas ofrecen un soporte único para nuestras empresas.
De no haber sido por este interés por seguir conquistando nuevos mercados, las consecuencias de la recesión hubieran sido mucho más graves aún para nuestro tejido empresarial. Por ello y desde esta convicción, hoy más que nunca estamos dispuestos a luchar por que la presencia de nuestra marca empresarial se consolide y fortalezca en el concierto global en el que estamos obligados a competir.
Por otra parte, los servicios de arbitraje y de mediación que el Gobierno atribuye a partir de ahora a las Cámaras de Comercio suponen no sólo un reto cívico, sino una oportunidad para poner en valor nuestra vocación al servicio de las empresas. Este cometido de las Cámaras tendrá como consecuencia directa un importante desahogo en la labor de los juzgados, que soportan ahora una pesada carga laboral, imposible de afrontar en muchos casos por los escasos medios humanos y materiales de que disponen.
La acción de las Cámaras de Comercio y su compromiso con un futuro de desarrollo económico y social, sin embargo, no se queda aquí. La apuesta por la formación dual enciende una luz en el problema del empleo juvenil. La implantación de este modelo es una oportunidad para ese segmento de nuestro mercado laboral, el juvenil, donde el paro supera hoy el cincuenta por ciento.
La nueva ley permite, asimismo, a las Cámaras de Comercio expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil; ser órgano de asesoramiento de las administraciones públicas; tramitar los programas públicos de ayuda a empresas; actuar de ventanillas únicas; colaborar con las autoridades públicas en la simplificación administrativa, y participar en la gestión de los fondos de la Unión Europea, entre otros cometidos de calado.
El nuevo horizonte que se abre, en el que han de coincidir la salida de una profunda crisis y la transformación de las condiciones objetivas que hasta ahora han caracterizado la competencia internacional, obliga a nuestras instituciones camerales a conseguir altas cotas de eficacia en sus servicios. Y este es el reto que asumimos hoy.
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