La aldaba
Carlos Navarro Antolín
¡Anda, jaleo, jaleo!
Las plantaciones de marihuana en las viviendas del Polígono Sur se han convertido en uno de esos asuntos que se cuelan en la agenda de la ciudad y que generan años y años de debates sobre las posibles soluciones y los tiras y aflojas entre las administraciones. Los vecinos normalizados, como así son conocidos por los técnicos que trabajan en la zona, se quejan con razón de los cortes de luz y del miedo que tienen muchos de ellos a interponer las denuncias correspondientes. "Te pegan dos tiros", dicen. La Policía necesita las denuncias para intervenir, o que la plantación salga ardiendo. Mientras tanto, ni la Fiscalía ni la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, conocida como Avra (Cadabra...), hacen nada por solucionar de verdad el asunto. Sí, la Junta es la propietaria de muchos de esos pisos en los que se cultiva marihuana a coste cero de luz y a costa de reventar el suministro para fastidio del vecindario. Pero quizás lo más sangrante es que la Fiscalía no haya intervenido en este problema. Se llama Ministerio Púbico pero no vemos que se preocupe por un problema, cuando menos, de salubridad pública. ¿Cuánto hace que el fiscal jefe no visita la zona acompañado por las autoridades para interesarsein situ por esta lacra? Hasta los Reyes de España han acudido a las Tres Mil Viviendas, pasando por el juez decano y, por supuesto, el comisionado para el Polígono Sur, que representa a las administraciones y que no para de clamar en el desierto. Urge que el fiscal jefe se dé una vuelta por esas barriadas donde poner una simple denuncia te puede costar "dos tiros". Y que sea el fiscal jefe quien actúe de oficio, que para eso está. Nos consta la preocupación de Endesa por hacer hasta donde puede hacer. Nos constan los problemas de los agentes de la Policía Nacional para afrontar el problema. Para ellos sería mucho más fácil si el Ministerio Público interpusiera una denuncia. Recuerdo una célebre visita del fiscal Flores a las Tres Mil Viviendas que sirvió para abrir el debate sobre el abandono de la zona. La Administración y la Justicia deben hacerse presentes en estos barrios de la ciudad. La ausencia que perdura en el tiempo se acaba pagando. Cuando el Estado, la Administración autonómica o la municipal desaparecen de un territorio durante largo tiempo se sufren las consecuencias. Allí donde los vecinos no llegan por miedo, por un lógico instinto de autoproteccion y supervivencia, debe hacerlo el Ministerio Público. A no ser que tenga instrucciones de mirar hacia otros asuntos de mayor rentabilidad política.
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