La aldaba
Carlos Navarro Antolín
¡Anda, jaleo, jaleo!
La inmensa mayoría de los activistas de ETA se encuentran ahora en el mismo destino: en las cárceles. Son 703, de los cuales 559 están en España y, el resto, en Francia. ETA, como banda terrorista, murió ayer; abandona la violencia asediada por la Policía y la Guardia Civil española, los servicios secretos y la ayuda inestimable de Francia. Murió ayer, pero su sentencia final la fijó en las Navidades del año 2006, cuando perpetró el atentado de Barajas y mató a dos pobres inmigrantes que dormían en los coches del aparcamiento de la T-4. Allí se derrumbó el poco apoyo que le quedaba en el País Vasco, que supo entender perfectamente que era la banda quien rompía las negociaciones, y dio fuerza a quienes desde la izquierda abertzale habían visto hacía meses que la única salida que les quedaba era la vía política.
Pero sucedió algo más importante. La ruptura de aquella tregua supuso el fin de un axioma en el que, hasta entonces, habían creído todos los partidos, desde la UCD al PSOE, pasando por el PP: que el final de ETA debería de pasar por algún tipo de negociación; es decir, que la banda era imbatible, que no bastaban sólo las vías policiales y judiciales. Suárez lo intentó con Rosón y logró el abandono de los polimilis, los más violentos; Felipe González envió a Rafael Vera a Argel a reunirse con Txomin y siempre defendió que, al final, habría que hablar de "cómo salvar los muebles"; Aznar confió en el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y Zapatero se creyó aquella carta que le hicieron llegar a la Moncloa. Con la T-4 se enterró, también, la "metodología" que había sustentado las conversaciones de Loyola, la teoría de las mesas. Una mesita para la negociación política entre los partidos vascos, donde debería discutirse, eufemísticamente, sobre la autodeterminación y Navarra, y otra entre ETA y el Gobierno, con el asunto básico de los presos y la entrega de las armas.
Los abertzales habían llegado a esa conclusión, agobiados por el gran acierto de José María Aznar: la ilegalización de Batasuna y la promulgación de una discutida Ley de Partidos que, al final, se ha revelado como concluyente en este proceso. Pero tras Loyola y la T-4, sucedió otro hecho trascendental: Zapatero y, sobre todo, Rubalcaba contaban con un plan B. Aseguran, y el ex ministro socialista del Interior nunca lo ha desmentido, que advirtió a ETA que si rompían aquella tregua, el número de detenidos iba a contarse con tres dígitos. En 2008, fueron 86; en 2009, 124, y en 2010, 113. ETA ha caído derrotada, ha anunciado el fin de la violencia sin negociación -de eso se ha encargado la izquierda abertzale-, pero la banda no se disuelve, y es aquí donde hay que volver a recuperar las enseñanzas de estos últimos diez años: no hay lugar a más mesitas.
La reunión organizada por la izquierda abertzale en San Sebastián el lunes coincide en sus fundamentos con el comunicado de ETA de ayer: fin de la violencia y, a partir de ahora, una negociación con los gobiernos español y francés para los presos, y entre los partidos, para tratar sobre la "voluntad popular". No, esta "metodología" se debe descartar. Si hay mesas válidas, serán las del Supremo, el Constitucional y las del Congreso y el Parlamento vasco.
El fin de la violencia llevará, con toda probabilidad, a un crecimiento electoral, pero sólo transitorio, de Amaiur (el nuevo nombre de los abertzales junto con Aralar) o de Sortu, al que posiblemente legalizará el Constitucional. Los radicales pueden obtener un grupo parlamentario propio -cinco escaños- en las próximas generales y una amplia representación en las siguientes elecciones autonómicas. A estos ámbitos se reduce lo que, entonces, llamábamos negociación política, y hoy será juego democrático. Y, sobre los presos, ni el Supremo ni el Constitucional ni el próximo Gobierno pueden contemplar medidas globales, sólo individuales: el preso arrepentido, que haga declaración pública del rechazo a la violencia, se acercará a su casa, accederá a los grados penitenciarios y los beneficios que la ley contempla. Y el Constitucional, de resolver sobre la llamada doctrina Parot, también deberá hacerlo caso por caso. Y, aun así, quedarán flecos: la entrega de las armas, el reconocimiento del dolor, los casos judiciales pendientes, pero ETA ya no ejercerá de policía. Perdió.
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