Final abierto

He leído, quizá aquí, que calificar el caso de los ERE como el mayor caso de corrupción de nuestra historia democrática es sólo propaganda. Yo no tengo un medidor de corrupciones y éstas abundaron y abundan en nuestro país. Pero, aparte de que aún quedan decenas de pleitos derivados de los ERE por sustanciar, gastarse 680 millones de euros en beneficiar a empresas amigas, la mayoría sevillanas, en amparar intrusos que se colaron en el chollo, en ayuntamientos socialistas y en juergas y drogas es una golfada que debe estar muy cerca del pódium. Mantiene ahora el PSOE que todo fue un invento del PP y que –manda huevos– tendríamos que pedirles perdón a los condenados por estos años de congoja.

Miren, he examinado la sentencia del TC en el recurso de Magdalena Álvarez y el voto particular redactado por el magistrado César Tolosa y al que se adhirieron tres compañeros. Para mí, el mayor inconveniente jurídico que presenta el fallo mayoritario es que sobrepasa las competencias del propio Tribunal. No puede éste irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Supremo como máximo intérprete de la ley. Es la primera vez que eso ocurre, superando cualitativamente otros episodios bochornosos, como aquél que protagonizara el dúctil Manuel García-Pelayo. La sentencia, razona Tolosa, no contiene una sola línea que desdiga la argumentación del Tribunal Supremo. Al contrario, instaura un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, incompatible con los fundamentos del Estado de Derecho. Al entrar en la valoración de los hechos probados, los magistrados constitucionales rebasan su misión de amparar las garantías fundamentales de los recurrentes, convirtiéndose en una especie de instancia de casación de las decisiones del Supremo. Un disparate jurídico en un órgano que, además, no forma parte del Poder Judicial.

Por último, Tolosa advierte que la sentencia debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada por el Gobierno o sus miembros e incumple las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo dijo en su día José Antonio Griñán: en los ERE “hubo un gran fraude”. No una operación maquiavélica de los populares, ni una gigantesca conspiración de jueces y magistrados, sino un verdadero escándalo de desfachatez y despilfarro que hoy el PSOE quiere contrarrestar y blanquear por todos los medios posibles.