La ex caja de los canónigos

LO poco que entiendo de cajas de ahorros me alcanza para entender, al menos, que los responsables de la situación actual de Cajasur, que ha tenido que ser intervenida por el Banco de España, son sus gestores.

Lo han hecho muy mal, sencillamente. Cajasur registró en el ejercicio de 2009 pérdidas por importe de 596 millones de euros, una morosidad del 8,47% y una concentración de riesgos por encima de lo legalmente permitido, centrada en promotores inmobiliarios y constructores. Es más, cuando todo el mundo era consciente de que el ladrillo iba de capa caída, Cajasur siguió inyectando decenas de millones en el sector. Que Dios los perdone. El Banco de España no puede.

El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, sacó de inmediato la brocha gorda con la que se pintarrajean las simplificaciones sectarias: los dirigentes del PSOE "se están cargando el sector financiero en Andalucía". El que fue su número dos, Juan Ojeda, vicepresidente de Cajasur en representación del PP, trazó un dibujo más solvente: "Los responsables son los seis patronos del cabildo catedralicio" y los que les obedecieron votando contra la fusión con Unicaja, que estaba prácticamente hecha, y añadió que "en el consejo de administración no se dio ni un solo argumento a favor de la intervención", que es lo que salió adelante el viernes.

El presidente de la entidad, el cura cajero Santiago Gómez Sierra -ya ex presidente, puesto que la intervención supone el cese de todo el consejo-, también trata de exculparse. Insólitamente pretende atribuir parte de la responsabilidad en la crisis de Cajasur a Unicaja, la caja que se prestó a la fusión bajo los auspicios de la Junta de Andalucía (que cambió la Ley de Cajas para que los canónigos no perdieran sus privilegios en la futura Unicajasur). El náufrago culpa a quien acude en su auxilio. Y pretende blindarse ante la opinión pública argumentando que su prioridad en las frustradas negociaciones ha sido el interés de Córdoba y la defensa de los empleados. Tras la intervención, con inyección de quinientos millones para evitar la bancarrota de Cajasur, el Banco de España intentará que la absorba otra caja o venderla al mejor postor, y entonces ¿qué será del interés de Córdoba y de una plantilla obviamente sobredimensionada?

La pertinacia clerical está a punto de estropear, por otra parte, el designio del Gobierno andaluz de que Cajasur permanezca en la órbita de la comunidad autónoma, sobre todo si el Banco de España concluye que el dinero público que va a emplear en sanearla sufrirá menos merma si después es absorbida por una caja no andaluza para eludir duplicidades y sobrecostes. Los curas van a conseguir enfrentar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía.