A la espera de un proyecto de política económica

LA incorporación de Susana Díaz al primer plano de la política autonómica y nacional ha sido una experiencia mucho más exitosa de lo que probablemente podrían imaginar en su entorno más cercano. Su discurso cercano y autocrítico sobre problemas reconocidos por la sociedad, le permitió en poco tiempo silenciar las críticas que a priori le condenaban por su pasado profesional exclusivamente político. Su discurso de investidura fue valorado de forma más positiva de lo esperado y, posteriores comparecencias públicas, como la entrevista con Rajoy, su participación en la Conferencia Política del PSOE y su coronación como Secretaria General del PSOE-A, la han continuado encumbrando hasta el punto de que compañeros y analistas políticos la señalan como posible líder socialista nacional.

Pero han pasado más de cien días como presidenta de la Junta de Andalucía y, en una circunstancia de crisis como la que vivimos, apremia la necesidad de respuestas públicas a los problemas concretos y de percibir que el rumbo de su gestión está orientado por un proyecto razonable.

El discurso de investidura pudo ser interesante en algunas áreas de gobierno, pero en lo que atañe a la economía no se despejaron las dudas. Cierto que se refirió al desafío económico y al desempleo como prioridades políticas, pero identificar problemas o enunciar objetivos compartidos no nos ponen en el camino de resolverlos. Y para ello no basta con manifestar la necesidad de "un nuevo modelo productivo", pues hay que concretar que se entiende por el mismo y, sobre todo, como se alcanza y cuál es el papel del gobierno regional en su impulso. Si no se concretan las líneas estratégicas de la política económica y los medios para ejecutarla solo se puede continuar haciendo lo de siempre o improvisando algunas actuaciones a rebufo de la actualidad política.

Y continuar haciendo lo de siempre ha sido el presupuesto para 2014 que se ha aprobado esta semana. Un presupuesto continuista con los de los últimos años, solo que ajustado a la baja por las restricciones de ingresos y las exigencias de consolidación fiscal. Difícilmente se favorece la emergencia de un nuevo modelo productivo con un presupuesto que está inspirado en los mismos principios que los presupuestos de los años del boom inmobiliario y los últimos años de crisis y que, como la experiencia ha puesto de manifiesto, no han sido los adecuados para sacar a Andalucía del profundo pozo económico y laboral en el que se encuentra.

Otros compromisos enunciados por la presidenta han sido más concretos, como no subir los impuestos, o su disposición a racionalizar el sector público empresarial de la Junta de Andalucía, aunque para ello se creará una comisión de expertos que redactará un análisis ¡antes de final de 2014!. Otras promesas son habituales, como la de reducir las trabas burocráticas o reforzar la relación entre las universidades y empresas. Otros compromisos son difícilmente compartibles, como el de un instituto público de crédito andaluz, después de la experiencia financiera reciente, y otros inalcanzables como los de ofrecer servicios públicos de "alta calidad para todos", pues -y aquí se encuentra una discusión que nunca se aborda abiertamente- si bien la inmensa mayoría de los andaluces desearían dotarse de un Estado del Bienestar con las mayores y mejores prestaciones imaginable, todo el mundo sabe que esas prestaciones hay que financiarlas, y Andalucía tiene un nivel de renta y de PIB por habitante menos de la mitad de algunos de los Estados que tomamos como referentes en prestaciones públicas. Justamente por ello, es tan importante definir una nueva estrategia de política económica que favorezca el crecimiento a medio plazo.

En esa estrategia las políticas macroeconómicas tendrá muy escaso margen de maniobra, dado que, por una parte, la mayor parte del presupuesto se destina y se destinará a la prestación de servicios públicos y, por otra, porque la restricción actual y previsible de los ingresos públicos, el endeudamiento y el compromiso de reducción del déficit no lo permitirán. En consecuencia, el espacio propio de actuación de un gobierno regional se encuentra en las políticas de oferta para lo que se requiere, por una parte, reducir el intervencionismo y favorecer la competencia y, por otra, impulsar la cualificación de los factores de producción: capital humano, físico, tecnológico y empresarial. Y en esta reorientación de la política de oferta no sólo no hay que mostrarse reactivo a las reformas estructurales por el sólo hecho de que esa bandera la porte el gobierno de la nación, sino que las reformas estructurales deberían ser el centro del nuevo proyecto estratégico del gobierno regional en áreas de su competencia: reforma de la administración regional, de las políticas de empleo, de la gestión de la educación pública, de la política energética, industrial, turística o de incentivos.