España, camino de ser un Estado judicial

Un juez de Valencia ha abierto una causa penal contra la directora de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), María José Rallo del Olmo, por la previsión que realizó las horas previas al estallido de la DANA en esta provincia. De seguir adelante, se trataría de la primera vez que se juzga la autoría de un pronóstico, porque eso es lo que hacen los meteorólogos, emitir un balance comprensible de probabilidades que se calculan a partir de varios modelos matemáticos. En este caso el pronóstico coincidió con lo que sucedió, el aviso rojo fue acertado, pero también cabía el error.

La denuncia ha sido interpuesta por la organización Manos Limpias, dirigida por Miguel Bernard, que es un abogado ultraderechista, ex secretario general del partido heredero de Fuerza Nueva y condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional por un caso de extorsión y estafa y, posteriormente, absuelto por la sala segunda del Tribunal Supremo. Sirva su semblanza de contexto para añadir al hecho de que pocos países europeos contemplan el derecho de ejercer acusaciones por parte de acciones populares y no digamos ya de partidos políticos.

Ante la ausencia de dirigentes competentes, en España se ha acudido a los tribunales para resolver conflictos morales y políticos sin que las investigaciones judiciales ni las sentencias hayan conseguido el apaciguamiento, sino una extralimitación del poder de los jueces hasta convertirse en actores de la propia política. Esto comenzó con el procés, donde hubo que recurrir a la vía judicial para detenerlo, de tal modo que el tribunal competente, el Supremo, se sintió aludido en su competencia cuando el Congreso de los Diputados, en su ejercicio como residencia de la voluntad popular, aprobó la ley de amnistía. Ese es el motivo de que el Supremo se haya apresurado a interpretar de modo contrario lo que los diputados sí tenían claro sobre los delitos de malversación amnistiados.

Y esta misma guerra, política, sin duda, es la que llevó al Supremo a enviar a los guardias civiles al despacho del fiscal general del Estado para investigar una filtración periodística. No hay que ser un lince para olfatear que en el mismo tribunal se está muy pendiente de que el juez de instrucción del caso de Begoña Gómez y el de Ábalos eleven un razonamiento para procesar al propio presidente del Gobierno.

La tragedia de Valencia debe derivar en una causa penal, porque son más de 200 muertos, pero los primeros pasos indican que se corre el riesgo de desembocar en un juicio político donde la estrategia de la acusación no sea ni de las víctimas ni de la Fiscalía, sino de los partidos y de otras extrañas organizaciones.