Gafas de cerca
Tacho Rufino
Un juego de suma fea
editorial
LAS consejerías de Fomento y Salud de la Junta de Andalucía han eliminado esta semana numerosos cargos directivos de sus estructuras propias y de sociedades de gestión creadas por las mismas. La reestructuración ha sido bien acogida por la opinión pública como muestra de austeridad y ahorro. No obstante, resulta completamente insuficiente si lo que se busca es un ahorro determinante para enjugar el déficit público. Los dos partidos que gobiernan Andalucía en coalición (PSOE e IU) vienen proclamando la idea de que con estas medidas contribuyen a cumplimentar el objetivo de reducción del déficit -compromiso aún más firme e imprescindible después de que la comunidad autónoma se haya acogido al rescate del Fondo de Liquidez Autonómico-, pero la realidad dista mucho de esta visión optimista, teñida en buena parte de populismo y electoralismo. En efecto, el Gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan consideran que la defensa del empleo público a cualquier precio es innegociable. Mientras las empresas andaluzas se ven obligadas a afrontar su caída de ingresos mediante ajustes que en muchos casos conllevan reducciones de empleo, la Junta hace frente a sus dificultades financieras con aumentos de impuestos que castigan la capacidad de consumo de los ciudadanos, bajada drástica de las inversiones que incide negativamente en la actividad económica y el empleo y cese de la contratación de servicios externos y retraso en el pago a sus proveedores. Todas ellas son medidas que afectan, para mal, a empresarios y trabajadores de Andalucía cuyos intereses también han de ser representados y defendidos por el Gobierno autonómico. El criterio para una reforma y reordenación del sector público andaluz -muy numeroso en base a cualquier parámetro objetivo con que se examine y desproporcionado con respecto a nuestra base productiva- no puede ser en exclusiva la continuidad del empleo que proporciona en sus numerosos departamentos, sociedades, consorcios, fundaciones y observatorios. Hay un exceso de empleo público, organismos prescindibles, otros que se solapan entre sí y algunos cuya actividad, por la propia crisis, no se corresponde con la dimensión que han adquirido. Urge una revisión a fondo.
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