El taxi y la mafia

En una ciudad con una tendencia enfermiza a eternizar sus problemas, sin que a nadie parezca importarle sus consecuencias, lo ocurrido la semana pasada con la mafia del taxi en el Aeropuerto de San Pablo permite recuperar siquiera un mínimo de esperanza. Más de dos décadas, que se dice pronto, llevaba secuestrada la parada de taxis del aeródromo de Sevilla por un grupo que allí imponía su voluntad, no dejaba trabajar al resto de profesionales y cometía abusos de todo tipo. Casi el mismo tiempo llevaba Diario de Sevilla denunciando esa barbaridad gracias al trabajo serio y el tesón profesional de Fernando Pérez Ávila, que ha tenido que soportar durante años insultos y amenazas de los que veían que podían ir de matones sin que les tocaran un pelo.

En Sevilla nadie ignoraba que la mafia del taxi del aeropuerto actuaba con absoluto descaro y a plena luz del día. Basta echar un vistazo a la hemeroteca de este periódico para comprobar las decenas de noticias publicadas con peleas a la puerta de la terminal, destrozos y hasta quema de vehículos, persecuciones o cobros abusivos a viajeros. Ello ocurría antes de que se liberalizara el sector y con mucha más intensidad todavía cuando empezaron a actuar las empresas de VTC.

El Ayuntamiento, tanto cuando gobernaba el PP como cuando lo hacía el PSOE, prefería mirar hacia otro lado por razones que nunca se han podido poner suficientemente en claro, pero en las que el miedo ha jugado un papel no menor. Por si todo esto fuera poco, cuando por fin en 2017 un juzgado de instrucción inició una causa contra 27 presuntos integrantes de ese grupo, en la que se investigaba, por ejemplo, el incendio intencionado de nueve vehículos de Cabify durante la Feria de Abril, el procedimiento quedó archivado por un problema de plazos.

Esto ocurría, además, en una ciudad con un transporte público deplorable entre el casco urbano y el aeropuerto. Es uno de esos parámetros que colocan a Sevilla muy lejos del lugar que le correspondería como cuarta ciudad de España. Una única línea de autobús, con prestaciones y frecuencias manifiestamente mejorables, es la única alternativa al taxi. Del tren de cercanías o de la ampliación del metro, mejor ni hablamos. En eso Sevilla, como en tantas otras cosas, acumula un retraso de décadas.

Ahora parece que por fin la actuación de la Fiscalía y de un juzgado de instrucción de Sevilla abren la vía para que, al menos, la situación del servicio de taxi se normalice en la parada de aeropuerto. La decisión judicial de detener a toda la dirección de la asociación que controlaba a su antojo lo que allí se hacía y quién podía o no trabajar da idea de la gravedad de los hechos que se investigan. Pero si las cosas han llegado hasta ese punto es porque ha habido una pasividad intolerable por parte del Ayuntamiento. No hay que ser un lince para concluir que si la Policía Local hubiera actuado en su momento con la contundencia que la situación exigía la ciudad se hubiera ahorrado este problema. Más de uno debería dar explicaciones.