¿Han echado a Rivera?

Para mantener el empleo en un bufete de abogados, podríamos decir que en (casi) cualquier sitio, hay que trabajar. Los europeos hablan de "producir"; los españoles de "dar el callo". El ex líder de Cs, Albert Rivera, anunció en plena pandemia su fichaje estrella por el despacho Martínez-Echevarría y ahora sorprende con su marcha. Lo hace al alimón con su número 2, José Manuel Villegas, y con tambores de polémica: ¿se van o les han enseñado la puerta?

Rivera se incorporó a la firma en marzo de 2020 sólo unos meses después de asumir su responsabilidad por el batacazo de Cs de las últimas generales: bajó de 57 diputados a 10 con la repetición electoral y no tuvo más opción que dejar la presidencia del partido y también la política. Era el momento de volver al sector privado. El político catalán debía aprovechar sus contactos y popularidad para "abrir puertas" y "crecer"; para que el despacho originario de Málaga y con implantación en Granada, Córdoba y Almería diera el salto a Sevilla aprovechando el viento a favor del nuevo ejecutivo de PP-Cs en San Telmo.

Su aventura se ha esfumado en menos de dos años. Rivera y Villegas dicen que renuncian por "incumplimientos contractuales" y desde la cúpula del bufete lo ven como una pataleta tras el toque de atención que les habían dado porque "su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes".

Al margen del ruido que desate este particular divorcio laboral, el nuevo traspié de Rivera nos recuerda que el mundo de las puertas giratorias también conlleva sus riesgos. Hay despachos de abogados, es el caso de Garrigues, que tienen por norma no contratar a políticos. Será porque una cosa es figurar y otra trabajar. Y será también porque hace tiempo que en España olvidamos aquello de que a la cosa pública, a la política, a las instituciones, debían llegar los mejores. Lo que más debería alarmarnos del vodevil en que se ha convertido la votación de la Reforma Laboral en el Congreso es que un diputado se equivoque votando hasta cuatro veces en el mismo día y no pase nada. Cobran entre tres y cuatro veces más que ese SMI que el Gobierno planea subir a 1.000 euros y ni se preocupan en saber qué botón tienen que pulsar. En demasiadas ocasiones, ni van.

Que no tengamos un Kennedy español no es nuestro mayor problema. El "bajo rendimiento" debería ser causa objetiva de despido. También para los políticos; especialmente para ellos.