Divorcio tóxico en el poder judicial

LA pelea entre PP y PSOE por el control del Consejo General del Poder Judicial se parece cada vez más a un divorcio tóxico. La pareja de partidos clásicos, que son la base de estabilidad de la democracia española, ha entrado en crisis. Pero ambos han abusado del mecanismo de designación de miembros para el CGPJ, al nombrar a jueces estampillados. Y cuando han dado sitio a otros, en ocasiones han salido ranas, como Díez Argal, propuesto por el PNV, o Pascual Estevill, apadrinado por CiU. Tanto se ha forzado, que el actual método de designación está desacreditado.

El PP tiene mayoría en el Consejo elegido hace más de diez años, con la mayoría absoluta de Rajoy, y no le importa incumplir la Constitución y paralizar la renovación del órgano de gobierno de la magistratura, porque lo controla. La excusa ha ido cambiando de argumento, sin pudor. Pero no les penaliza en su campo ideológico y tienen de su lado a una parte de esta carrera tradicionalmente conservadora. Y al PSOE no le ha importado, en la última renovación del Tribunal Constitucional, barrer también para casa y nombrar a un ex ministro de Justicia y a una ex directora general de Moncloa. En el inconsciente colectivo nadie se cree la independencia judicial.  

La Asociación Profesional de la Magistratura agrupa a una cuarta parte de los 5.400 jueces españoles y copa más de la mitad de los altos cargos nombrados por el CGPJ. Reclama que los jueces nombren a los 12 miembros del Consejo cuya designación deja la Constitución en función de una ley orgánica. La APM ha calificado la semana pasada de “inaceptable y atropello” el ultimátum del presidente Sánchez al PP de que si no se renueva el poder judicial cambiará la ley para que no pueda hacer nombramientos. La elección por los propios jueces contradice el artículo 1 de la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, y el artículo 66, que determina que al pueblo español lo representan Las Cortes Generales. ¿Si los jueces eligen al poder judicial, quién controla a los jueces?

Empeñados en llevarse mal, porque ambos piensan que les beneficia, PP y PSOE siguen complicando su divorcio. Han metido en la pelea a la Comisión Europea, como si España fuese un estado fallido. Ninguno habla de condiciones para que la elección del CGPJ mejore el sectarismo actual. Como una preselección de jueces que pasara un riguroso examen en el Congreso y el Senado, con participación de todos los grupos políticos. O que la designación definitiva se hiciese por sorteo entre los declarados idóneos por los representantes de la soberanía popular. (Por sorteo se eligen los ocho magistrados del Supremo de la Junta electoral central). En este contencioso, los dos principales partidos de la democracia española están dando un espectáculo.