Descrédito de la Justicia

La batalla entre oposición y Gobierno se viste de toga. Y la guerra del Supremo y el Constitucional trae descrédito a la Justicia. PP y PSOE se acusan de que sus magistrados afectos se comportan como soldados y han convencido a la gente: dos tercios de los españoles tienen poca o ninguna confianza en los jueces. El magistrado en excedencia Santiago Torres, que cuando ejercía en Marbella metió en la cárcel a Jesús Gil, sostiene en la SER que hay casos de corrupción en el mundo judicial, pero el sistema no permite su depuración. La resistencia del Supremo a aplicar la amnistía en Cataluña y la revisión del caso de los ERE de Andalucía por el Constitucional llevan a un punto crítico.

La brigada de choque del PP, Tellado&Bendodo, ha entrado a saco. Tellado dice que el TC está a las órdenes de Sánchez para borrar el pasado delictivo de socialistas. Bendodo utiliza una brocha más gorda: “700 millones de euros de los parados andaluces se los repartieron los socialistas entre ellos”. Estas sobreactuaciones ocultan que hay 6.328 prejubilados a los que sigue pagando la Junta. Tampoco es muy fino el contrataque; la socialista Ángeles Férriz ha acusado a Juanma Moreno de ser el jefe de la banda que promovió un montaje y una cacería política. ¡Hummm! Hubo un caso de corrupción en la Consejería de Empleo, que concedió ayudas discrecionales, sin publicidad, sin transparencia; en ocasiones a personas a las que no correspondía, a veces a empresas que no lo necesitaban, que no lo solicitaron, que no existían.

Más allá de los micromítines de mediocres políticos, investigaciones serias calculan que de los 680 millones de este fondo, unos 80 fueron estafados en ayudas a empresas inadecuadas, sobrecomisiones o intrusos. Pero las acusaciones populares, del PP y los ultraderechistas Manos Limpias, convirtieron con éxito el fraude en Empleo en una causa general contra el mandato socialista de 36 años. En la pieza política se condenó a prisión a cinco responsables de la Consejería de Empleo, que daba las ayudas; tres de Innovación, que pagaba, y dos de Economía, por no vigilar el procedimiento. Y se inhabilitó a otros nueve dirigentes. El sentido común, que debería ser la base del Derecho, lleva a pensar que la corrupción en Empleo no tuvo que originar condenas a los demás. Lo mismo que ahora la doctrina del Constitucional no debería de exonerar a los de Empleo, junto a quienes no debieron ser condenados.

El alboroto de populares y socialistas desacredita a toda la clase política; así ganan espacio populistas y ultras. Nadie da ejemplo.