En defensa de la concertada

En la red buscamos las declaraciones que la ministra de Educación, Isabel Celaá, hizo en el XV Congreso de Escuelas Católicas y que tanto revuelo causaron a finales de la pasada semana. Lo hacemos por doble partida, acudiendo a un medio de izquierdas y a otro de derechas. Ambos coinciden en que la política socialista aseguró textualmente que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. [...] No son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española". Después, acudimos a dicho artículo 27 de nuestra norma fundamental y leemos el punto 3 ("Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) y los 6 y 9 (en los que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca). No hay que ser ningún García de Enterría para sacar dos conclusiones: 1) La Constitución sí ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa como parte de su educación, aunque no a escoger un centro específico; 2) El Estado tiene la obligación de apoyar económicamente a los centros concertados que cumplan la ley.

Más allá de la polémica en concreto, nos interesa poner de relieve cómo cierta izquierda radical ha puesto en el punto de mira a la educación concertada, en su gran mayoría católica, en lo que se puede considerar una reedición de ese anticlericalismo (una vieja versión de la cristianofobia) que, desde la Gloriosa hasta la II República, tantos desastres ha causado a lo largo de nuestra Historia Contemporánea. Sería muy largo explicar el por qué de la amplia implantación de los colegios religiosos en España y la debilidad de la enseñanza pública, un fenómeno que tiene mucho que ver con la debilidad financiera y política del Estado durante los siglos XIX y XX. También cómo la concertada ha sido y es un leal y muy necesario colaborador de las administraciones para la escolarización plena de los niños españoles . Pese a los prejuicios ideológicos de algunos, la concertada viene avalada no sólo (y principalmente) por la Constitución, sino también por la historia y las necesidades de nuestro sistema escolar. El anunciado Gobierno de progreso debería tenerlo en cuenta, aunque sólo sea por no ver en la calle a las mareas católicas.