En defensa del aceite de oliva

EL sector del aceite de oliva, uno de los pilares de la economía andaluza, se ha visto sobresaltado por la publicación de un informe sobre sus productos en la revista Compra maestra, que edita la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Dicho informe acusa a once marcas de productores de aceite de oliva, varias de ellas de referencia en el mercado, de etiquetar aceites como virgen extra cuando, según sus estudios, o son virgen o incluso lampante. Estamos ante una acusación grave, de fraude al consumidor, que afecta no sólo a las marcas señaladas sino que extiende la sombra de la duda sobre el sector. Y aún mucho más grave si se tiene en cuenta que la denuncia de vender una calidad superior ofreciendo otra de menor valor sólo se sustenta en las catas, puesto que los análisis físico-químicos realizados no refutan el etiquetado del fabricante. Se trata pues de un criterio subjetivo de quienes elaboran el panel de cata. Y el daño a la credibilidad del aceite andaluz y español se hace desde un organismo que, aunque defienda legítimamente los intereses del consumidor, no puede suplantar el papel regulador que corresponde a la Administración. En un mercado tan importante como éste, cualquier ataque a la reputación de un producto que es excelente y por eso triunfa en todo el mundo debe extremar la responsabilidad y medir las consecuencias. El sector ha reaccionado con evidente malestar e incluso hay embotelladores que llevarán el caso a los tribunales. Defender la calidad del aceite de oliva es una obligación de todos, incluso destapar fraudes si se documentan científicamente. Y para eso hay que actuar con el máximo rigor, sin ligerezas ni subjetividades sobre la calidad. Por eso la Administración, tanto desde el ámbito del Ministerio como el de la Consejería andaluza, debería tomar cartas en el asunto para aclarar no sólo si el etiquetado es correcto y no se engaña al consumidor, sino para defender a un sector estratégico, con importante cuota en la exportación.