La crisis de vivienda irá a peor

La actual crisis de la vivienda no se arreglará en años. A corto plazo incluso irá a peor. Las propuestas políticas son cataplasmas, dirigidas sobre todo a la demanda cuando la emergencia es la escasez de oferta. Hacen falta 600.000 pisos, se construyen sólo cien mil al año y se crean doscientos cincuenta mil hogares en el mismo plazo. Para que no se agravara el problema habría que multiplicar por dos o tres la fabricación de casas. Tras la crisis inmobiliaria hay menos promotoras, menos constructoras y se han encarecido los costes. Y falta suelo disponible. Todo esto está en la magnífica conferencia que dio Joaquín Aurioles el mes pasado en el Observatorio Económico de Andalucía. (Está en su web).

El asunto es recurrente. En octubre de 2002 el ministro de Fomento dijo en el Congreso que si subían los precios era porque “muchos españoles podían pagarlos”. Álvarez Cascos, responsable de Vivienda en el Gobierno de Aznar, hacía ese enaltecimiento de la especulación en el inicio de la espiral que llevó a la burbuja y a la crisis inmobiliaria de 2008. Añadió que el Gobierno no podía hacer nada “porque el mercado es libre”.

Pero el mercado no ofrece salidas satisfactorias, lo que provoca que el precio de la vivienda haya subido el triple que la inflación o los salarios en la última década. España tiene sólo el 2,5% de viviendas sociales, contra una media europea del 9,3%, lejos de Países Bajos (30%) o Austria (25%). Informes del Banco de España y tasadoras calculan que haría falta construir en cinco años millón y medio de pisos públicos de alquiler. Aurioles propugna una intervención inteligente, colaboración de las administraciones y coordinación entre turismo, urbanismo y vivienda. Nada de eso hay.

En Málaga, Sevilla o Granada se han suspendido las licencias de pisos turísticos de centros urbanos y alrededores. Tarde; ya había colapso. El alcalde de Málaga ha anunciado un nuevo PGOU para hacer viviendas sociales en suelo rústico. Idea tan buena como tardía; esos terrenos no estarán antes de tres años. El Gobierno andaluz se niega a declarar zonas tensionadas a las zonas tensionadas. Para la Junta la prioridad es el turismo, por eso rechaza la tasa turística que reclaman hasta los alcaldes del PP. La ley de la vivienda sobreprotege en teoría a los arrendatarios, pero falta oferta real. No se ha notado el plan del PSOE de las municipales de 4.000 millones en préstamos para promover 43.000 viviendas. En total, las promesas de aquella campaña sumaban 184.000 pisos de alquiler asequible.

Este es un mercado muy fragmentado. En las viviendas de lujo no hay crisis. Feijóo, como si imitase a Álvarez Cascos, le ha dicho a Alsina en Onda Cero que las mansiones suben porque “miles de extranjeros con rentas muy altas están inviertiendo”. Como diría Rodrigo Rato, es el mercado, amigos.