El concurso

No tema. Aunque sea de Cádiz no le pienso dar la tabarra con el Carnaval. El concurso al que quiero referirme es otro. Ironizo como terapia porque no es ninguna broma la perla que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos dejó en el Comité Federal socialista del pasado sábado respecto a sus planes en el Ejecutivo: “Vamos a avanzar en esa agenda [socialdemócrata], con o sin el apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder Legislativo, que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”.

La frase, pronunciada entre titubeos, como quien sabe que lo que va a decir se sale de los cánones democráticos, supone un salto cualitativo en la deriva iliberal del jefe del poder Ejecutivo y muestra que hace tiempo que la Constitución no es un límite válido para el ejercicio de la gobernanza.

Pedro Sánchez debe pensar que su reelección en la sesión de investidura le da unos poderes plenipotenciarios de los que carece. En su afán de permanecer en el poder a toda costa no hay límite: ni siquiera la autorrefutación. Si él sigue en el palacio de la Moncloa es porque consiguió 178 votos –mayoría absoluta– en la principal Cámara del poder Legislativo que ahora desdeña, simplemente porque ya no goza de esa mayoría, sino todo lo contrario. En menos de cuatro días quedó patente en el Congreso de los Diputados.

Cualquier gobernante democrático, y más uno que ni siquiera fue el más votado en las elecciones, se sometería a una cuestión de confianza o convocaría elecciones anticipadas al constatar que no tiene el respaldo de la mayoría de la Cámara. Pero Sánchez vive ajeno a la realidad y alargará todo lo que pueda esta legislatura inviable, incluso recurriendo a un comportamiento tan de corte autoritario como gobernar sin el concurso del poder Legislativo en un sistema de monarquía parlamentaria. No respeta ni su propia legitimidad.

Quizás lo más grave es que en el PSOE nadie cuestione permanecer en el Gobierno sin capacidad para legislar, salvo cediendo al chantaje de grupos que persiguen privilegios e impunidad, como ha ocurrido con la única norma relevante que ha aprobado el Congreso, la ley de amnistía, que ni siquiera se atrevió a presentar como proyecto gubernativo, para poder saltarse la opinión del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que seguramente habrían incidido en su inconstitucionalidad. ¿No hay ningún socialista que piense en el medio plazo y en las consecuencias de seguir ciegamente a un líder antidemocrático?