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El pinsapar
Enrique Montiel
Uno por uno
Editorial
DURANTE la crisis que sucedió al anuncio del cierre de Delphi, en la Bahía de Cádiz, el presidente de la Junta de Andalucía asumió un complicado compromiso con sus trabajadores: ninguno de ellos se iba a "quedar en la calle", lo que implicaba un proceso de recolocación casi inédito, por cuanto la medida afectaba a unos 1.800 ex empleados. El Consejo de Gobierno de la Junta se reunió el martes en la ciudad de Cádiz, y por primera vez el presidente y los consejeros de Innovación y Empleo identificaron y concretaron las ocho empresas que paliarán estas recolocaciones, muchas de ellas ligadas al sector medioambiental, en especial a la producción de biodiésel, de placas solares y de aspas de molinos de producción energética, si bien la mayor es Sacesa, una firma dedicada al sector aeronáutico. El proceso está resultando complicado -nadie podría esperar otra cosa-, aunque las administraciones están cumpliendo con su palabra. Cabe subrayar que estas nuevas industrias no contratarán exclusivamente a ex trabajadores de Delphi, sino que atenderán en primer lugar a sus demandas de profesionales adecuados para cada actividad, provengan de donde provengan. Por ello, lo que aprobó el Consejo de Gobierno en Cádiz va mucho más allá de la crisis de Delphi, ya que se libera, de ahora al año 2013, un paquete de 1.590 millones de euros para favorecer la competitividad en la Bahía y crear un tupido tejido industrial nuevo. Este último proyecto sí es mucho más ambicioso, porque excede a la crisis coyuntural del cierre de una determinada empresa y prevé la implantación de un tejido industrial basado en la tecnología y la innovación. Más allá de la cifra en concreto, la virtud del plan es que conjuga la ayuda y captación de nuevas empresas con la formación de los futuros trabajadores, que sí se viene revelando en los últimos meses como un verdadero problema en un mundo de sectores industriales en cambio permanente. De este modo, se abandona la tentación, tan presente en otras crisis, de que los poderes públicos se hagan cargo de empresas condenadas a cerrar o cambiar sustancialmente, con el consiguiente flujo de dinero que sólo aplaza la solución auténtica a la crisis.
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