Chaves y la cueva de Alí Babá

Manuel Chaves no era el capitán de una banda de ladrones. Es lo que ha dejado sentenciado el Tribunal Constitucional con una argumentación jurídica que, por lo menos, es igual de sólida que la que fijaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo cuando lo condenaron y condicionaron para mal su vida durante demasiados años. Pero en el ordenamiento español el Constitucional es el último garante de los derechos de los ciudadanos que a él recurren. Y es lo que ha hecho, por poco que le guste a los que defienden la tesis de que la Junta de Andalucía era una partida de bandoleros y sus presidentes eran los que decían cuándo y cómo atracar. Ha sido que no.

Es lógico que Chaves salga ahora a reivindicarse. Cualquiera, si se pone en sus zapatos, puede entenderlo. Han sido un montón de años apartado de lo que siempre fue su profesión y su pasión, la política, y sintiéndose un proscrito social. Había que aparecer en público lo menos posible y estar todo lo callado que se pudiera. Ahora, que puede hablar, es comprensible que en su reivindicación personal se deje ver la amargura de todo este tiempo y vuelvan a sangrar heridas que no cicatrizaron nunca. También es lógico que en sus primeras declaraciones deje ver al político que siempre ha sido y que recupere con entusiasmo el papel de referente de su partido que quiere ejercer a partir de ahora. Aunque se le note poco entrenado y sobreactúe. Por ejemplo, cuando dice que la sentencia de los ERE es el punto de inflexión que marcará el final de los gobiernos del PP en Andalucía. Estoy seguro de que no se lo cree mucho más que de lo que me lo puedo creer yo. Pero se supone que son las cosas que debe de decir un político. La realidad va por otro lado. Su partido se dejó comer demasiado terreno y la nueva alternancia se ve lejos: los andaluces, por el momento, no los echan de menos.

Entre otras muchas cosas porque Chaves no fue el jefe de la banda de ladrones. Ni José Antonio Griñán, ni Carmen Aguayo ni algunos otros de los que fueron condenados y pasaron por prisión. Pero la banda de ladrones existió. La cueva de Alí Babá estaba en la Consejería de Empleo y los nombres de los que allí entraban y salían y manejaban el botín constan en los sumarios judiciales y en los periódicos de la época.

La sentencia del Constitucional abre un nuevo capítulo. Afortunadamente para los que ahora se han visto beneficiados va a ser el último de una causa demasiado larga y demasiado politizada. Pero el pronunciamiento del Tribunal no supone una reescritura de la historia reciente de Andalucía. Lo que pasó, pasó. Se produjeron comportamientos intolerables y se jugó, para fines inconfesables, con el dinero de todos los andaluces. Los que lo hicieron sabían por qué lo hacían y los que tenían que vigilar no se enteraron o no quisieron enterarse, una cuestión que quizás nunca quede clara. El Tribunal Constitucional ni se mete en esos charcos ni tenía que hacerlo.