La aldaba
Carlos Navarro Antolín
¡Anda, jaleo, jaleo!
Cuando salimos a la calle, vemos cómo ha ido cambiando la vida de nuestra ciudad y cómo nos afectan esos cambios en la vida cotidiana: vivienda, educación, sanidad, transporte, limpieza, abastecimiento de alimentos en los mercados, tranquilidad para pasear y descansar, etc… Volvemos la mirada al Ayuntamiento y nos preguntamos: ¿cómo se puede mejorar la ciudad? ¿la corporación municipal está haciendo lo necesario y suficiente? Porque, aunque estemos ocupados casi por entero en los medios, tertulias y terrazas en el debate o confrontación sobre el Gobierno y sus políticas, creo que donde de verdad se decide nuestro bienestar, en gran medida, es en las ciudades y su gobierno. Pero ¿tienen los municipios los recursos económicos necesarios?
El Estado está organizado en entidades locales(municipios y provincias), comunidades autónomas y Administración central. Según la Constitución las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y cubrir los servicios que los ciudadanos necesitan. En el proceso descentralizador desde 1979, las competencias constitucionales están prácticamente transferidas a las comunidades autónomas, salvo las que tiene en exclusiva la Administración central como Seguridad Social, relaciones internacionales, defensa, hacienda, emigración, que con algunas otras son las que más afectan por su importancia económica. En números se ve muy claro. En 1981 la Administración central suponía más del 80% del gasto público y en el año 2000 representaba el 55%. Las autonomías pasaron del 2,95% al 39,60% en el mismo periodo y las corporaciones locales del 10% al 15%. Del año 2000 hasta ahora no han cambiado significativamente los porcentajes. El crecimiento del gasto es muy apreciable en el nivel autonómico, mientras que no es significativo en el nivel local.
La tan comentada y necesaria segunda descentralización no ha llegado y por lo visto no se le espera. Las entidades locales deben aumentar sus competencias, pero también los recursos necesarios para que dicha ampliación competencial fuese eficaz y eficiente desde la perspectiva de los ciudadanos que reciben los servicios que pagan. Estos datos los he consultado en el portal web de la Constitución, que informa de que en España los recursos propios de los municipios constituyen algo menos de la mitad de sus ingresos, mientras que la media de los países occidentales asciende a más del 70%. Si queremos calidad de vida en las ciudades, buenos servicios públicos para el ciudadano y reforzamiento de la identidad local se necesita más dinero. Alguien me explicó en una ocasión que el gasto del Estado debería dividirse en tres partes: un tercio para las entidades locales, un tercio para las comunidades autónomas y un tercio para la Administración central. Las autonomías ya lo han conseguido, aunque da la sensación de que el siguiente paso no es el que más les preocupa. ¿Cuándo tendrán los recursos necesarios los ayuntamientos?
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