Arbitrariedad

La deriva iliberal de Pedro Sánchez y su Gobierno se acelera de forma directamente proporcional a los aprietos en los que están él y su entorno familiar y el propio Ejecutivo. Cuanto más presionado está por las investigaciones de corrupción en su entorno y por la falta de apoyos para gobernar, que no es permanecer en La Moncloa, mayores son los signos de degeneración autocrática.

La comparecencia del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados del presidente lo ha demostrado con creces. Sánchez nunca se había preocupado por el daño que hace la desinformación –a la que por cierto su partido y su Gobierno contribuyen con recurrente frecuencia–, ni por la pena de banquillo hasta que medios solventes difundieron las actividades profesionales de Begoña Gómez, incompatibles con la ética y la estética, y que la Justicia investiga si son compatibles o no con los ilícitos penales de los que acusan a su esposa. Como con su hermano.

La evidencia de este hecho es tal y su debilidad parlamentaria es tan palmaria que Sánchez no presentó nada nuevo en su cacareado plan de regeneración democrática. De ahí el vapuleo que se llevó de la oposición y las advertencias de sus socios de que no cuenten con sus votos, como hizo el PNV. Sin entrar en que nada hay que cambiar en el ordenamiento jurídico para cumplir un reglamento europeo que ya está vigente.

El problema del socialismo español actual es que confunde realidad con arbitrariedad.

Aquí no importa la legalidad, sino el capricho del líder supremo, que actúa con impunidad y no cumple lo que exigió a los demás: llegó al cargo con una moción de censura contra la corrupción y prometiendo limpieza. Sólo por eso su renuncia sería obligada.

El PSOE entero se ha contaminado de esta peligrosa forma de manejar el poder, hasta el punto de creerse que está por encima de la ley y de la razón, pura arbitrariedad. Ocurre también con el desmontaje que ha hecho del caso de los ERE el Tribunal Constitucional. Un precedente peligrosísimo en el que la corte de garantías se erige en tribunal de casación del Supremo, contra el reparto de poderes de la propia Constitución. Y no les basta con exonerar a los condenados en firme. Sacan pecho y acusan a los demás con enorme cinismo. La arbitrariedad es precisamente lo que hace que los ERE sea un fraude mayúsculo y sin parangón en nuestra democracia. Ni un solo euro de los 680 millones se concedió bajo criterios de transparencia y libre concurrencia. Y la ausencia de controles sobre una partida presupuestaria creada ad hoc propició el pago a intrusos y bochornosos gastos en vicios. Les libran de la cárcel, pero no nos borran la memoria.