El ajuste y los sindicatos

LOS máximos dirigentes de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, fueron invitados ayer a la Moncloa, donde el presidente del Gobierno trató de convencerles de la necesidad del plan de choque anunciado el día anterior en el Congreso para reducir el déficit público. No lo consiguió. Toxo y Méndez salieron de la reunión ratificando su opinión de que las medidas de recorte que afectan especialmente a los funcionarios y los pensionistas constituyen un atropello y, además, supondrán un obstáculo para salir de la recesión y asegurar el crecimiento económico y la generación de empleo. Después de años de un auténtico idilio entre el Gobierno y las centrales sindicales, que se han mostrado enormemente comprensivas ante un panorama laboral caracterizado por la existencia de cuatro millones y medio de parados, CCOO y UGT se plantean una movilización contra el decreto de ajuste, sin descartar el eventual llamamiento a una huelga general, que es el escenario más temido por Zapatero. De hecho, la federación de servicios públicos de UGT y CCOO ya han fijado el 2 de junio como fecha para una huelga de funcionarios, que también da como segura el sindicato CSIF, mayoritario dentro de la Función Pública. No cabe duda de que la relación especial del Gobierno con el sindicalismo ha entrado en una nueva etapa, lo que augura un incremento de la tensión social y consecuencias negativas, ya apuntadas, en las mesas de diálogo que vienen funcionando, con avances escasos, en torno a la reforma laboral. Los aliados privilegiados de Rodríguez Zapatero desde el inicio de su primer mandato han dejado de serlo. Defensores a ultranza de las políticas del Gobierno y sumamente blandos en la respuesta a los efectos más negativos de la impotencia gubernamental ante la crisis, los sindicatos se dan de bruces con una situación inesperada. Si llegaran a convocar la huelga general se enfrentarían a dos problemas: uno, que su falta de credibilidad les condujera al fracaso de la movilización, y dos, que tras llevarse a cabo la huelga ya no habría medidas más graves que adoptar y, en todo caso, el ajuste del Gobierno seguiría siendo necesario para la economía del país.