Una agresión al entorno del patrimonio de la humanidad

EL suelo no edificado del conjunto (manzana) de la Casa de la Moneda declarada BIC en 1970, por lo tanto con protección integral, hace muchos años fue adquirido por el Ayuntamiento para destinarlo a equipamiento público; sin embargo, luego lo parceló y cambió el uso con el fin de obtener fondos para enriquecer su presupuesto. La última parcela de 318 m2, el 8 de agosto de 2011, la Gerencia de Urbanismo la subastó y vendió a un precio de ganga: 2.192 euros por cada metro cuadrado, precisamente al autor del proyecto del descontextualizado edificio de la calle Santander que en estos días ha sido condenado por distinguidos sevillanos y al mismo tiempo, defendido o tolerado -se supone- por la mayoría indiferente o silenciosa, dentro de la que se encuentra el Colegio de Arquitectos y aquellos que no disponen de canales para manifestar su opinión.

Todo un testimonio de endeble legalidad y de dudoso comportamiento en el que han incurrido varios gobiernos municipales cuya responsabilidad es ineludible e imprescriptible, según las Leyes del Patrimonio Histórico Español (1985) y de Andalucía (1991): proteger el patrimonio cultural tangible e intangible, tomando en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo por ejemplo, a favor de ADEPA que denunció entre otros, el Plan Especial de la Encarnación.

En La Casa de la Moneda, BIC tipología monumento, está inmerso otro BIC: la muralla musulmana del s. XIII, tres cuartas partes de la cual se encuentra a la vista. Aquí, en este lugar, entre la Torre del Oro, El Archivo de Indias y el Alcázar, la actual Gerencia de Urbanismo (PP) y la Comisión Provincial de Patrimonio (PSOE) soportan dos problemas: la suspensión de licencia concedida para levantar una planta añadida sobre la Casa de la Moneda, actualmente paralizada y, el nuevo edificio "difícil de ver" en el entorno protegido del Patrimonio de la Humanidad que resume siglos de la Historia de la hermosa ciudad de Sevilla.

Desde la primera revolución industrial, el crecimiento económico ha ido acompañado por una constante especulación inmobiliaria que hasta los años setenta del siglo pasado; bajo el pretexto de la modernización, alteró radicalmente la continuidad de los tejidos urbanos y la armónica arquitectura de los centros históricos. Solamente la pobreza, a veces de hecho, detuvo ese proceso. Tal el caso por ejemplo del centro histórico en grandes ciudades como Quito, Patrimonio de la Humanidad, uno de los mejor conservados de Sudamérica, o de pequeños como Mompox en Colombia o de los 120 conjuntos históricos de Andalucía, la mayoría constituida por bellos pueblos que cuando llegó la democracia y mejoraron las condiciones de vida, comenzaron a cubrir las fachadas con azulejos de baño (La Guardia) o a modificar con gusto dudoso los tradicionales paseos (Constantina) o permitieron la construcción de bloques altos en medio del caserío (Vélez Rubio). No han bastado las leyes ni el planeamiento de protección para evitar las tropelías, ni bastó el sentido común en Sevilla para impedir la construcción del gran bloque de comercio en la Plaza del Duque. A cambio, se consiguió la financiación para la restauración de la Casa de los Pinelo.

El respeto y la protección de los Centros Históricos no supone solamente una cuestión técnica, de legalidad o de tramitación formal; tampoco depende únicamente de la (in) cultura de los gobernantes o de los técnicos. Las cuestiones objetivas es posible constatarlas y hasta cuantificarlas; por esta razón, finalmente resultan simples, tal como lo demuestra Ángel Boyer Ramírez, técnico de la Gerencia de Urbanismo que ha comprobado que el proyecto aquí comentado, se "ajusta la normativa urbanística", sin más.

La cuestión de la herencia cultural en un centro histórico es compleja porque, por una parte es subjetiva, alude al gusto, a la sensibilidad, a la identidad diferenciadora pero integradora, a la teoría, a la filosofía; no a la técnica ni a la norma solamente, por tanto es relativa y por otra parte, no afecta a los individuos de manera aislada o individualizada sino a la sociedad y a la casa de todos: la ciudad que, nada menos es el producto cultural más sofisticado que desde hace siete mi años está construyendo la sociedad. De tal forma que si la intervención urbanística o arquitectónica en un centro histórico es errónea, se convertirá en un incómodo y duradero castigo visual con toda la pedagogía social negativa que ello supone. O sea, la protección depende sobre todo de la interrelación vigente entre el ciudadano, habitante o transeúnte y el patrimonio cultural, urbano, arquitectónico, paisajístico e incluso inmaterial. Una norma no garantiza la belleza o el buen gusto aunque puede aproximarlo. Eso sí, la norma hace posible la convivencia, por eso es ineludible que gobernantes y gobernados la cumplan pero sobre todo que los ciudadanos ejerzan sus derechos, iniciativas y deberes de manera permanente y no sólo en tiempo de elecciones.

Según una de las conclusiones (pg. 57 ss.) del Encuentro Internacional de Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas (2013), en el que participó la UNESCO, el Ayuntamiento de Sevilla ha incumplido su compromiso de "desarrollar métodos y herramientas de evaluación del impacto de las intervenciones arquitectónicas…" que habrían sido útiles para este caso.

El edificio en referencia es una edificación que mantiene el lenguaje de los años pasados (pérgola), rompe la armonía. El volumen sobresalido no tiene referencia en el entorno. En Google se encuentran variadas celosías de ladrillo de mejor gusto. Haber ignorado las referencias formales de la muralla con sus torres y la Casa de la Moneda y del entorno del Patrimonio Mundial de la Humanidad es harto discutible. El Colegio, la Gerencia, la ETSA, Adepa e incluso Podemos bien podrían hacer una encuesta entre los usuarios de Tussam, similar a la que se hizo antes de cambiar el diseño de la pintura de sus autobuses (ahora diluido), con el fin de interpretar el aparente silencio o la indiferencia frente a la protección del centro histórico. Sería una forma concreta de estimular la participación proactiva de los sevillanos.