Vacunas para todos y a la vez

REAFIRMANDO, una vez más, la necesidad, justeza y conveniencia del Estado de las Autonomías y el rechazo a los intentos revisionistas que proponen una marcha atrás inaceptable, no es mal día el 28 de febrero en Andalucía para denunciar alguno de sus excesos, que sí se deben revisar y corregir.

¿Qué razón hay, por ejemplo, para que el celo de las élites regionales -que no de los ciudadanos- por reafirmar su poder y su autogobierno lleve a trocear políticas elementales que el sentido común exige únicas y pactadas con criterios técnicos? Tomen el caso de las vacunas infantiles: el ardor autonómico ha provocado que en España haya 19 calendarios vacunales diferentes (17 de las comunidades más los de Ceuta y Melilla).

Quizás no se lo crean, pero es así. Según informó aquí Manu Mediavilla, la Asociación Española de Pediatría, que se mueve por parámetros puramente profesionales y en favor de la salud pública de todos los niños, lleva nueve años peleando para que el Ministerio de Sanidad ejerza el liderazgo moral y científico que le corresponde y convenza a las autonomías de que hace falta converger. Converger hacia un calendario de vacunas que sea idéntico desde el cabo de Gata hasta el de Finisterre. Hasta ahora los virreinatos autonómicos se han mostrado francamente no convencibles. La primera ministra del ramo que se comprometió a intentar la unificación fue Ana Pastor, en 2003. La última, Trinidad Jiménez, en 2010. Pero nada.

Los pediatras sostienen que, sea por diferencias de edad o por diferencias cualitativas, el caso es que no hay dos comunidades con el mismo calendario para vacunar a sus criaturas. Todas siguen pautas técnicamente correctas, eso sí, pero se han empecinado en seguir cada una sus tiempos. La consecuencia directa es un galimatías que causa problemas de equidad, complica la labor de los padres y genera errores. Si una niña de 13 ó 14 meses cambia de residencia y abandona su territorio de nacimiento puede ocurrirle que aún no haya recibido la triple vacuna vírica prevista en dicha autonomía antes de los 15 meses y, se traslade a otra en la que se ha administrado ya a los 12 meses. Si los padres o los médicos se despistan, la niña se queda sin la protección completa a la que tiene derecho.

En fin, no sería muy difícil que el Ministerio y las 19 Consejerías de Salud, cada cual con sus expertos y asesores en disposición de diálogo, llegaran a un acuerdo para implantar un calendario único en todo el territorio nacional. Eso ni merma el autogobierno de nadie, ni supone una vuelta al centralismo ni resta poder a las comunidades autónomas. Tan sólo restablece el raciocinio y beneficia a la población infantil en su conjunto. Sólo falta voluntad política.