Solo sí es sí: UP pierde, el PSOE no gana

Dietario de España

La crisis de la coalición, resista o no, exhibe las profundas diferencias del proyecto social de ambos partidos y empina la cuesta de futuros acuerdos

Ione Belarra e Irene Montero en un acto celebrado para reivindicar la postura de Unidas Podemos sobre la Ley del 'sólo sí es sí'. / Sergio Pérez

La democracia es una práctica política con dos caras: la victoria y la derrota. Solo se puede jugar si se está dispuesto a aceptar las dos. Irene Montero ha perdido en el episodio de la Ley del solo sí es sí. Ha perdido por muchas razones: porque sus efectos han sido funestos y alarmantes (500 rebajas de condena a agresores sexuales y 30 excarcelaciones); es una derrota en toda regla porque su enroque posterior ha dividido al gobierno de forma peligrosa; porque la sociedad en su conjunto ha puesto en duda la ley y la responsabiliza a ella, aunque hay que recordar que el texto salió del Consejo de ministros no solo del ministerio de Unidas Podemos; ha sido una derrota porque este episodio consolida la idea de la insolvencia técnica de la ministra y su equipo; y ha perdido Montero porque comete el peor de los defectos políticos: no admitir que ha perdido.

Frenar antes del abismo

El comportamiento de Montero, equidistante entre el enfurruñamiento infantil y el dogmatismo de solo yo tengo razón le llevará a seguir ahondando el boquete en el que se ha metido. Deberían haber aprendido ya que para evitar una derrota cuando no tienes posibilidades de ganar solo hay dos estrategias: no emprender ese camino o detenerse a tiempo antes del abismo. Y si ya se ha metido en el bucle solo puede negociar, transaccionar y sacar un nuevo texto pactado y corregido. En definitiva, hacer política. Pero si se sigue empujando aun al filo del acantilado alguien pierde. Siempre ocurre. Y no podía ganar porque no hay sociedad que transija con la reducción de penas a quienes han cometido uno de los delitos más infames, máxime cuando el socio mayoritario vira el timón. Ni hay opinión publicada que deje pasar la oportunidad de machacar sobre los errores políticos. La opinión pública raramente entra en pormenores técnicos. Ve lo que ve. Y, obviamente, ve lo que le enseñan. Las emociones mueven más al voto que las razones pero los datos construyen el marco emocional. Más de 500 rebajas de penas y decenas de excarcelaciones de agresores sexuales revientan cualquier armadura racional.

Empate en cesiones

El PSOE perdió frente a UP en la elaboración de la Ley trans: no logró imponer su criterio en la comisión de Igualdad respecto a la exigencia de un aval judicial para que los menores de entre 14 y 16 años puedan cambiarse el nombre y el sexo en el DNI. Los socialistas entraron en la ley tal cual estaba y no presentaron nuevas enmiendas.

Acaban de resolver los socios sus importantes diferencias en la Ley de bienestar animal: el PSOE pretendía sacar del texto a los perros de caza y a los animales dedicados a labores como el deporte, el rescate, el trabajo con la policía o el pastoreo, lo que enervó a UP, que consideraba que deberían ser igualmente protegidos sin distinguir la labor a la que se dedican. El PSOE necesitaba templar a los cazadores -hay 334.635 licencias en España- cuyo enfado con el Gobierno contribuyó al desastre electoral en Andalucía. UP ha cedido. Es otra forma de resolver los contenciosos. Eso sí, sin ambages, Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, cuyo departamento impulsa la ley, ha acusado al PSOE de ponerse del lado de los maltratadores de animales, que es otra forma de profundizar en la crisis.

Pedro Sánchez durante su asistencia al Consejo de la UE esta semana en Bruselas. / Stephanie Lecocq / EFE

No hay desempate

En esta ley no ha habido forma de momento de desempatar. El PSOE ya ha registrado en solitario -sin UP- la reforma de la ley del solo sí es sí. Choca con su socio en la forma de entender la delimitación de los delitos sexuales: el consentimiento ha sido siempre la clave de bóveda en este tipo de delitos. El PSOE sostiene que en su propuesta no se toca pero UP considera que al incluir de nuevo el concepto de la necesaria existencia de violencia o intimidación para establecer las penas impone una nueva lectura del delito en vez de anclarse al consentimiento con única condición. La crisis es seria. Es la tercera colisión grave en proyectos legislativos, lo que dibuja, además de una inestabilidad al límite, las profundas diferencias (e intereses) que configuran el proyecto social del PSOE -con su teoría base anclada en los valores de la socialdemocracia -y el de UP -con origen postcomunista y ferozmente anticapitalista-, al que Felipe González, impar crítico de la formación izquierdista, llegó a bautizar como Leninismo 3.0. Belarra ha sido explícita: “Hay dos fuerzas políticas en este Gobierno: una que cuando se produce una ofensiva mediática, política y judicial como la que está viviendo la ley del solo sí es sí, defiende los avances, en este caso los avances feministas, y otra fuerza que no”.

Maneras de perder

UP pierde pero el PSOE no gana. Lleva plomo en las alas. Los socialistas solo están controlando daños. No van a rascar nada con la reforma, solo evitan ahondar en el perjuicio producido, que tiene a sus candidatos con las carnes abiertas. El PP ya se ha encargado de recordar que esta es también la ley de Page, Vara, Andreu y Armengol, anunciando implícitamente que los van a freír en ese perol durante la campaña electoral. Es el PSOE quien más se juega en el envite y ha llegado demasiado lejos. “La ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto” ha dicho Pedro Sánchez. Mientras la ministra de Justicia, Pilar Llop, añadía que UP está en el relato político de las cosas y no en hacer leyes que mejoren la vida de los ciudadanos. Irene Montero no se quedó callada: “Vamos a evitar volver al Código Penal de La Manada”. Virtuoso carrusel de pellizcos entre socios.

Todos han desenfundado ya, aunque deben apuntar bien porque se necesitarán después de diciembre para formar gobierno si es que la aritmética lo permite. El Gobierno de coalición queda seriamente tocado a once teóricos meses de las elecciones, aunque sobre el papel el adelanto está descartado por la presidencia europea de turno, que concluye el 31 de diciembre. Los presupuestos están aprobados y si la agenda legislativa no avanza más no será letal: la coalición deja como legado, en el peor de los casos, 200 leyes y tres presupuestos, una producción legislativa muy superior a la de legislaturas anteriores. Pero las consecuencias a futuro son más graves que una posible ruptura de la coalición.

Hay muchas formas de perder. La más tonta es la derrota que se ha podido evitar y que cuando se produce no admite dudas. Y la peor de todas es cuando pierden todos.

Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Senado donde se aprobaron la ley trans y la reforma de la ley del aborto. / Gustavo Valiente / Europa Press

Breverías

Aborto: la ley que ahora le gusta el PP

Doce años después, la Ley del aborto sigue adelante tal cual se aprobó: un sistema de plazos que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación sin explicar ni justificar su motivación. Un TC dividido, como lo estará en el futuro en casi todas las resoluciones, lo ha aprobado por siete votos a favor y cuatro en contra. Una ley que aprobó el gobierno de Zapatero y recurrió Rajoy. No tiene sentido haber tenido que esperar doce a años a resolver un asunto que, de haberse tumbado la ley por el TC, habría estado tantos años lesionando determinados derechos constitucionales. Y aún tiene menos sentido que Feijoo casi se haya felicitado por la decisión del TC: “La ley de Plazos está bien construida, es una ley correcta, constitucional y merece mi respeto”, ha dicho. Si cree eso debería haber retirado el recurso presentado por su partido. Es puro ventajismo a toro pasado y es cautela electoral mirando de reojo a sus electores más moderados. En el recuerdo queda la parrilla en la que asaron vuelta y vuelta a Zapatero y a la ministra Bibiana Aído cuando pensaban que la ley no era ni correcta ni merecía su respeto.

Evitar los debates: la última rama a la que agarrarse

Cuando el TC suspendió el debate y la votación en el Senado de las enmiendas a la reforma del Código Penal, hace solo algo más de un mes, se abrió una puerta inédita en nuestra democracia. Evitar los debates es una práctica preventiva que atenta con la esencia democrática, salvo que se trate de propuestas netamente inconstitucionales. Los colectivos más radicales, como los autodenominados abogados cristianos, que patrimonializan la idea del cristianismo y reducen su legitimidad a un enfoque determinado muy radical y excluyente, se han puesto las pilas y utilizando falsedades -que el TC se ha saltado la ley, que se ha aprobado el aborto libre, la presumible parcialidad de los magistrados progresistas frente a las posiciones sin mácula de los magistrados conservadores etc- andaban recogiendo firmas a ver si caía la breva y el TS suspendía el pleno del TC donde se debatía la Ley del aborto. La inaceptación del juego de mayorías y minorías derivado del resultado electoral desnuda a quien lo práctica. Es la nueva moda del radicalismo: frenar, evitar los debates, recurrir a pseudoleyes. Para qué se va a debatir, sea en el Parlamento o en el TC, si se puede evitar. Sobre todo cuando van a perder.

El pezón de Belarra

Un país que discute sobre si la ministra de Derechos sociales lleva sujetador es un país que no tiene remedio. Las redes sociales se han llenado de insultos, mofas y hasta concursos de insultos sobre el pezón de Ione Belarra, que fue madre hace tres meses. Periodistas babeando ante un pezongate, una excitación social malsana, una España en blanco y negro. Es una cosa de asombro, la verdad. Cuánto daño ha hecho la ausencia de una educación sexual adecuada a dos o tres generaciones de españoles. Mientras cada vez más celebridades internacionales se unen a la campaña de Free the niple (libera el pezón) aquí se debate y se insulta a una ministra por no llevar sostén. Muchos están pidiendo un diván como el comer.

¿Para qué sirve una reprobación?

¿Para qué sirve y qué consecuencias tiene ser reprobado por el Parlamento? El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue esta semana por “su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria”. Salvo el PSOE y UP el resto del arco parlamentario votó contra el ministro. Cierto que la oposición articula esta figura para echarle más arena al motor del gobierno y no tiene consecuencias políticas ni legales. Es un tirón de orejas, algo simbólico. Hasta 67 reprobaciones hay solicitadas contra ministros esta legislatura. La mayoría sobre Marlaska pero los cuatro siguientes ministros son todos del ámbito de UP: Montero, Belarra, Garzón e Iglesias. PP y Vox son los más activos pidiendo reprobaciones. Es una figura rara, que hace ruido pero no mueve nada. Es una acción de desgaste que no come peones. Las preguntas son: si el Parlamento considera mayoritariamente que un ministro ha actuado como achacan a Marlaska, ¿este debería seguir en su puesto? ¿qué valor tiene la opinión de la cámara representativa del Estado? ¿es un asunto legal o moral y qué debería ser? Como es de efecto moral, ahí sigue el ministro. Si tuviera consecuencias legales habrían dimitido ya 67 ministros esta legislatura o varias veces algunos de ellos. Tampoco parece lógico.

Garamendi, falso autónomo y un 8,5% de subida salarial

En plena escalada del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz sobre la contratación de falsos autónomos el presidente de los empresarios va y se sitúa en el centro del debate: ha estado presidiendo la CEOE los últimos cuatro años con un contrato de autónomo. Acaba de arreglarlo firmando uno de alta dirección con 380.000 euros de sueldo. No se puede hacer peor. Primero con su dudosa situación laboral -que va a inspeccionar el Gobierno- y segundo subiéndose el sueldo un 8,5% -dicen que es la suma de dos ejercicios- la misma cantidad que el gobierno aprobó para las pensiones y los salarios mínimos y que el propio Garamendi rechaza. Muy surrealista este episodio ¿terminará el presidente de la CEOE afiliándose a Ata o UATAE, las asociaciones mayoritarias de autónomos?