Sindicatos frente a la Junta

LA polémica reordenación del sector público andaluz decidida por el Gobierno autonómico y aprobada por el Parlamento ha tenido efectos notables en el panorama sindical. En las elecciones convocadas a finales de abril para nombrar a los representantes de los funcionarios de la Junta en seis provincias andaluzas se produjo un fuerte aumento del número de delegados del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, que desplazó al segundo lugar a la tradicional CSIF, y una caída de la representación de las centrales llamadas de clase, mayoritarias a nivel nacional (CCOO y UGT). El martes pasado tuvieron lugar los comicios del funcionariado adscrito a los servicios centrales de la Junta, en Sevilla, y a los servicios periféricos de esta misma provincia, quedando la de Jaén para octubre y estando pendientes, para junio, las correspondientes al Servicio Andaluz de Salud, muy significativas. Las del martes, con una participación elevada y poco habitual, confirmaron la victoria de Safja, que llegó a lograr la mitad de los delegados en liza, y la debacle de UGT y CCOO, que no han conseguido un solo delegado en los servicios centrales, seguramente por su respaldo a la Junta. Teniendo en cuenta que Safja ha sido la organización funcionarial que con mayor dedicación, intensidad y firmeza se ha opuesto a la reordenación del sector público y la creación de las nuevas agencias, por considerarlas lesivas para la carrera profesional y fuente de prácticas clientelares, no es difícil deducir que los funcionarios se han alineado en masa contra la citada reestructuración. Al mismo tiempo, siguen interponiéndose recursos judiciales contra la ley y los decretos de creación de dichos entes públicos, lo que avala la impresión de que esta iniciativa, anunciada por el presidente Griñán en su discurso de investidura y mal gestionada por la Consejería de Hacienda, se ha erigido en un auténtico quebradero de cabeza para los gobernantes autonómicos sin haber conseguido los objetivos previstos de racionalización de la función pública y austeridad en el gasto.