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El pinsapar
Enrique Montiel
Pensar ingenuo
CUMPLIDA la primera semana de la campaña electoral, el debate nacional se ha adueñado de la agenda por encima de cualquier cuestión local. Y por encima de todos los asuntos, la inclusión en las listas de Bildu de 44 condenados por terrorismo mediatiza la contienda entre los partidos, singularmente entre PSOE y PP. Hasta en el único cara a cara –en la SER– entre los candidatos a alcalde de Sevilla hizo acto de presencia en uno de los momentos más tensos del programa.
Si la mera filiación en las candidaturas de estas personas era una infamia, la renuncia de los siete que tienen en sus conciencias delitos de sangre –aunque no en sus antecedentes penales, que por eso es legal que se presenten– demuestra el nivel de vileza y provocación que Bildu –y más en concreto Sortu– buscaban con esta maniobra.
Escuchar a Arnaldo Otegi argüir que estos terroristas, porque el uso del terror como instrumento político les persigue vayan donde vayan y hagan lo que hagan, no tomarán posesión del acta de concejales “para contribuir a la convivencia y la paz” es una burla a la sociedad española, en primer lugar, pero sobre todo al Gobierno con el que están aliados y al partido mayoritario que lo sustenta, el PSOE de Pedro Sánchez, que decidió cruzar una línea que muchos demócratas no le perdonarán.
Contra lo que piensa y pretende la enorme maquinaria propagandística que rodea a Sánchez, la renuncia no sólo no supone eliminar la infamia, sino que deja al PSOE aún en peor situación: ¿si no tomar el acta contribuye a la paz y la convivencia para qué se han presentado? ¿Para humillar al partido que trata de blanquearlos porque sus votos son imprescindibles para tener mayoría en el Congreso de los Diputados?
Sánchez, yerra que yerra, rescató en el Senado la cantinela de que la derecha utiliza a ETA. ¿Pero quién ha metido a etarras en las listas? ¿Y quién pacta con ellos? Sin enmienda posible, al día siguiente al presidente no se lo ocurrió otra cosa que volver a tenderle la mano a Bildu para pactar.
De esta vileza deberíamos aprender que la legislación se queda corta para evitar que se repita.
No se trata de ilegalizar, a mi juicio, a ningún partido, sino de exigir en una reforma de la Ley de Partidos, que todos los que quieran presentarse a unas elecciones en España, del ámbito que sea, abjuren de la violencia y condenen de forma expresa el uso del terrorismo para lograr objetivos políticos, incluyendo los más de 800 asesinatos de ETA de los que 300 aún están por resolver. Sólo así retrataremos al vil.
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