Presidencialismos

ES evidente que los sistemas políticos contemporáneos presentan ciertas tendencias de evolución hacia fórmulas de tipo más o menos presidencial. El reforzamiento del liderazgo del ejecutivo, la deriva "personalizada" de la representación política, el reiterado prestigio del sistema de listas abiertas, la fuerte proyección mediática de los gobernantes y su presencia constante y directa ante la ciudadanía, constituyen, junto a otros factores, argumentos que explican esta tendencia.

Naturalmente el proceso se enfrenta a ciertas resistencias desde las inercias del pasado: así, la tradicional lógica parlamentaria europea impone una dinámica de fuerte contenido partitocrático donde, más que las personas, interesa la representación de los partidos entendidos como instrumentos objetivos de expresión del pluralismo político de la sociedad. Los gobiernos, más que el resultado de un liderazgo personalizado, son el resultado de una suma de voluntades partidistas que se integran en torno a una mayoría absoluta, mejor o peor definida según los casos.

La idea de intentar mejorar o complementar los sistemas parlamentarios introduciendo elementos de elección personalizada del jefe del ejecutivo (desde el Gobierno central a los ayuntamientos) ha contado ya con ciertas experiencias que hasta ahora no presentan sin embargo un balance de resultados suficientemente solvente, aunque sí un cierto prestigio desde la perspectiva teórica o académica. Ni la transitoria experiencia de Israel en los noventa ni las iniciativas innovadoras en las regiones italianas en la última década permiten disponer todavía de un bagaje experiencias suficientemente consolidado; y por eso el llamado "parlamentarismo de premier" sigue constituyendo más bien un prestigioso modelo (teórico) de referencia. Otra cosa sería dar el "salto" hacia el modelo semipresidencial de estilo francés, donde aparece un ejecutivo dualista sometido a ciertas tensiones: la elección directa por el electorado del Presidente de la República frente a la confianza parlamentaria con que debe contar el Presidente del Gobierno.

Es un tema que recientemente ha replanteado Susana Díaz proponiendo la elección personalizada de los presidentes mediante un sistema de doble vuelta. Aunque es una lástima que este debate no se hubiera propuesto en su momento adecuado, la década pasada, cuando la elaboración del nuevo Estatuto de Andalucía. Algo que, como otras cosas, y con tanto mirarnos en el espejo de Cataluña, seguramente "se nos olvidó". Pero naturalmente siempre hay elementos de la realidad que pueden marcar una tendencia hacia esos modelos de carácter más "personalizado". De hecho ya lo ha comenzado a poner en práctica la misma Susana Díaz al identificar su reciente campaña electoral con su propia persona: "Yo con Susana". Y en consecuencia reclama ahora que su investidura se ajuste a la misma lógica de automatismo personal con la que han cantado las urnas.

El problema es que una cosa sería la investidura de la Presidenta, que podría contar con una presunción de confianza personalizada conquistada en las urnas, y otra muy distinta el nombramiento de su Gobierno, que deberá contar con la confianza de la cámara. En realidad se trata de una dinámica que está ya más que practicada en la larga experiencia histórica norteamericana; aunque se trata de un sistema distinto, recordemos que allí el Presidente tiene una potestad de nombramiento de altos cargos que deben ser ratificados por el Senado. Para evitar desautorizaciones, el Presidente se limita a "proponer" a los candidatos a altos cargos (el equivalente a ministros u otros puestos de alta dirección) y el nombramiento final no se produce hasta que cada uno de ellos cuente con el visto bueno del legislativo. Pero la cámara ratifica o rechaza las propuestas después de haber puesto en marcha las correspondientes comparecencias en comisión, donde se revisa la idoneidad (no sólo política, sino también en términos de mérito y capacidad) del candidato a alto cargo. Una tarea donde con frecuencia son los propios medios de comunicación los que mejor "investigan" el curriculum de todos y cada uno de los candidatos

Susana Díaz tiene pues en sus manos la posibilidad de introducir una innovación sustancial y avanzada en nuestro sistema político: el compromiso de arrancar una abstención constructiva a su favor por parte de ciertas fuerzas políticas en "su" investidura como Presidenta, a cambio de someter sus propuestas de nombramiento de consejeros y altos cargos a la ratificación de la cámara. Toda una espectacular innovación institucional que debería ser saludada como una muestra del dinamismo democrático de nuestra sociedad.