Políticos convictos

La fanfarronería se adueña del escenario. Donald Trump ha sido condenado por un jurado en Nueva York por falsear las cuentas de su campaña en 2016, para camuflar un soborno. Pretendía tapar un escándalo sexual, por su relación con una actriz porno. La condena le ha permitido montar un show. El criminal convicto acusa al juez de ser un demonio, al presidente Biden de ser un peligro para el país, a los miembros del Congreso de ser unos matones y al sistema político americano de convertirse en un estado fascista. Este sujeto fuera de sí puede ser elegido de nuevo el 5 de noviembre. Sería el segundo caso en la historia de EEUU, tras la derrota del presidente Glover Cleveland en 1888 y su victoria cuatro años después. Todo lo que se refiere a Trump es singular. Sorprende que una sociedad puritana como la americana haya tenido a un libertino en la Casa Blanca y que el partido conservador lo postule de nuevo. Va por delante en los sondeos un presidente que no aceptó su derrota y promovió un asalto al Capitolio para evitar su sustitución.

Aquí no somos menos. En Andalucía, en los años 90 hubo un precursor de Trump, también empresario metido a político: Jesús Gil. Su desempeño de la Alcaldía de Marbella se saldó con millonarias deudas para la ciudad y una condena de la Audiencia de Málaga y el Supremo por cuatro delitos de prevaricación y dos de tráfico de influencias. Gil también despotricaba contra jueces, fiscales y el sistema político. Acusaba a la justicia de cacería, por arruinar y linchar a personas tan inocentes como él. Clamaba contra operaciones vergonzosas para liquidarle, se escandalizaba de su asesinato político...

La polarización en EEUU es tan alta que resulta un consuelo compararla con el ambiente que se vive en España, aunque sea cada vez más irrespirable. La sesión de aprobación de la ley de amnistía es un ejemplo. La amnistía es considerada como una victoria contra el estado represor por Puigdemont, otro político convicto: ha cometido delitos que han sido probados, aunque no los haya confesado. Probados en las sentencias a sus cómplices en el Tribunal Supremo. Y también él ha maldecido al sistema político español, calificándolo de estado autoritario que habría que derrocar, en línea con Trump.

Hay otras maneras de ver la amnistía. PP y Vox lo consideran una traición al estado de derecho. El Gobierno habla de reconciliación con Cataluña, donde tiene una mayoría de la población a favor. Pero en el resto de España la mayoría es contraria. La inflamación de unos y otros tienen mucho que ver con las elecciones del domingo que viene. El hecho de que el presidente Sánchez haya considerado la amnistía anticonstitucional, hasta que necesitó los votos para seguir en la Moncloa, lo deja en evidencia. Y que Puigdemont se pueda ir de rositas irrita al común de los españoles. Cuando políticos convictos restriegan a los demás su altanería, pasan del agravio al insulto.