La Policía en la Universidad de Sevilla

LA Policía Nacional entró en el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos para desalojar a los manifestantes pro-Gaza porque así lo pidió el rector de la Universidad de Sevilla, según ha precisado la Delegación del Gobierno de Andalucía. Naturalmente. Y muy bien que hizo Miguel Ángel Castro porque la situación ya era insostenible en los jardines de la lonja el pasado fin de semana, como pudieron comprobar miles de viandantes, y porque los manifestantes se atrevieron a dar un paso más al invadir el interior del edificio. Hasta fueron instalados servicios para los integrantes de la protesta, que convirtieron buena parte de los jardines en un paisaje marcado por la cochambre. Ayer denunciaron la estupidez de las “líneas rojas” que habría traspasado un rector “represor”, por supuesto sacaron el fantasma de Franco y se permitieron el lujo de referir la deriva “autoritaria y antidemocrática” del equipo de gobierno de la institución académica. No cabe mayor desvergüenza y demagogia. El derecho de manifestación es sagrado, está perfectamente regulado y protegido en España y en ningún caso permite la invasión de espacios como el del Rectorado con la alteración sustancial de la vida académica. Nadie ha violado el legítimo interés de ningún manifestante para protestar por la desgarradora situación del pueblo palestino, asediado después del salvaje ataque sufrido por Israel aquel 7 de octubre.

Se puede protestar sin pisotear jardines ni convertir estancias de la Universidad en zahúrdas. No hay más. El rector no ha sido autoritario, ha ejercido la autoridad, que no es lo mismo. Los valores universitarios no tienen nada que ver con ese tipo de protesta provocadora y generadora de desorden. No hay que recurrir a las manifestaciones de los últimos años del franquismo. Una protesta anti-LOU ya destrozó una puerta catalogada en el asalto al Rectorado en el año 2002 en un contexto de agitación contra el Gobierno de Aznar. La Policía hizo ayer en Sevilla lo que también se ha hecho en campus universitarios de Estados Unidos a petición de los rectores. Habría que evaluar hasta qué punto no ha habido agitadores externos a la comunidad universitaria, los típicos aficionados al bochinche y la algarada que rápidamente ven fascistas, represores y a la Santa Inquisición por todas las esquinas para justificar lo injustificable. El derecho a la manifestación y los canales públicos para difundir denuncias están sobradamente garantizados en la España de hoy. El gamberrismo no puede estar amparado nunca, mucho menos con el pretexto de una noble causa.