Paz social para Abengoa

Dentro de una semana, Abengoa tendrá que haber celebrado la junta general ordinaria que debió convocarse antes de que terminase el primer semestre de 2020. Más de un año después: y porque un accionista ha forzado la convocatoria esgrimiendo el artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital. Es una cita muy importante, no tanto porque se aprueben o no las cuentas del ejercicio de 2019 (todo apunta a que los socios las van a rechazar), sino porque quizás en esa junta general esté una de las últimas oportunidades de salvar a la compañía sevillana, otrora una multinacional puntera y hoy una empresa arruinada y a la deriva, porque, desde 2015, el interés de quienes han guiado la empresa ha sido beneficiar a los acreedores antes que afianzar la recuperación de la compañía.

El próximo jueves, o el viernes a más tardar -dependiendo de si se celebra en primera o segunda convocatoria-, Abengoa -y todo lo que significa: empleados, accionistas y también acreedores- tiene la ocasión de lograr la paz social, un factor sin el que se me antoja imposible rescatar a la multinacional fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

Porque es muy poco probable que el Gobierno de España acepte aportar 549 millones -249 en dinero, aunque prestado, y otros 300 en avales, vitales para que la empresa no se hunda definitivamente- mientras siga el enfrentamiento que vive la compañía por la resistencia de los administradores que controlan los acreedores a que el accionista mayoritario -que en realidad son más de 3.000 minoritarios sindicados en Abengoashares- tome el control de la compañía e intente un rescate que no suponga la liquidación de la matriz y mantenga el grupo unido y conserve todo el empleo que sea posible.

Los accionistas están convencidos de que la oferta que avalan los acreedores -que serían los más beneficiados si triunfa-, la que ha presentado el comisionista estadounidense Terramar Capital, lleva al camino contrario: el despiece.

Los antecedentes de Terramar, que en este periódico hemos relatado con detalle -por el ejemplo al relatar cómo una juez de bancarrotas rechazó las condiciones inaceptables y similares a las que plantea en Abengoa-, no son un buen aval y causan rechazo en la SEPI, que es la que tiene que prestar el dinero.

Ojalá todos apuesten por salvar a Abengoa. Y eso pasa por firmar la paz social.