Patrimonio cultural, crisis y ceguera

DESDE que en 1872 alguien recurrió al amparo de la incipiente legislación patrimonial para indultar de su segura desaparición al monasterio de San Isidoro del Campo, esta estrategia ha sido utilizada habitualmente para garantizar in extremis la existencia de gran parte del patrimonio cultural que hoy disfrutamos. Así se salvó Santa Catalina en 1912, cuando ya estaba sentenciada, y así se evitó también el desguace del puente de Triana en 1975, porque recordarán que había quien prefería hacer un puente nuevo. Y así ha sido hasta hoy mismo, o hasta que esta crisis, que empezó siendo sólo financiera, va convirtiéndose en galopante ceguera para todo lo que no sean justificaciones contables.

La contestación recibida en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca a su petición razonada para iniciar el expediente de incoación como Bien de Interés Cultural para el edificio Hacienda Mejorada Baja es un ejemplo perfecto de premeditada ceguera patrimonial, o siendo menos sofisticados, de cómo mirar para otro lado al arrimo de los efectos colaterales de esta crisis, que de prolongarse en el tiempo puede volver a convertir el patrimonio cultural no urbano en aquellos molestos incordios que los alcaldes de los años setenta hacían desaparecer de noche, para que las primeras claridades del día sólo revelasen escombros. O alguien piensa que la proliferación de los (anunciados) derrumbes que se están produciendo en bienes históricos como el castillo de Constantina, el castillo de Matrera (Villamartín), el previsible desmoronamiento de la torre pentagonal del castillo de Alocaz (Utrera) o puentes históricos como el de El Coronil, que desaparecen sin que nadie pregunte ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué?, son simples coincidencias y no un síntoma de indolente actitud respecto a estos incómodos patrimonios invisibles, que tienen el grave e irresoluble problema de no ser catedrales o atarazanas.

Sostiene la Dirección General de Bienes Culturales que en el edificio de la Mejorada Baja efectivamente concurren suficientes valores como para iniciar el correspondiente expediente de declaración, pero que no proceden a ello por acumulación de trabajo (no es literal, pero casi). A poco que nos descuidemos, esta crisis va a conseguir hasta que la aplicación de la Ley no esté sometida al cumplimiento de sus postulados, sino a las particulares circunstancias laborales y administrativas de quien corresponda. Además, se le dice al referido Ayuntamiento que proceda según su PGOU, como si esta norma de ámbito local sirviese para evitar que ocurra lo que, ante el manifiesto lavado de manos de la Consejería de Cultura, previsiblemente va a ocurrir.

En esa Consejería no hay nadie que sepa ¡cómo se derribó media Sevilla estando protegida por el PGOU de 1962!; ¿a quién hay que explicárselo?

Al contrario que en el ejemplo de Arquitectura Civil Sevillana, donde primero se consintió que se derribaran los edificios y después se editó este magnífico libro como desconsolado llanto expiatorio por los inmuebles derribados, en el caso de la Mejorada Baja la Junta ya ha publicado los tomos del inventario de arquitectura rural donde se considera a esta hacienda, "sin ninguna duda", como "uno de los más espectaculares edificios de la arquitectura agrícola de Andalucía", aunque no por ello esa misma administración se muestre dispuesta a facilitar su tutela. Si este asunto que estamos tratando fuese un partido de fútbol, diríamos ante la clamorosa evidencia que al árbitro (la Junta) le ha dado miedo pitar penalti al final del partido.

A pesar de sus reconocidos valores arquitectónicos, etnográficos y paisajísticos, sin la cobertura legal de la ley de patrimonio la hacienda Mejorada Baja, por activa o pasiva, va a desaparecer. Lo único que se le ha pedido a la Junta es que se crea consecuentemente su propia legislación, aplicando las finalidades y los procedimientos recogidos en la misma, como primera y necesaria estrategia para evitar la pérdida de este importante edificio, pero la insólita respuesta de la acomodaticia oficialidad ha sido que la Ley ya no es amparo sino circunstancia. Si la diligencia que demuestra esta misma Junta por salvar el cortijo del Fraile de Níjar se justifica por sus etéreas vinculaciones lorquianas, este edificio de La Mejorada Baja acumula esencias de Fernán Caballero, José María Izquierdo o Romero Murube, además de explicar toda la evolución tipológica de las haciendas sevillanas del siglo XVIII, olivareras y residenciales, hacia los modelos preindustriales del XIX.

Pero parece que la Junta de Andalucía, que siempre ha presumido en el exterior con cierta razón de sus avanzadas políticas patrimoniales, prefiere potenciar en estos tiempos de crisis ese concepto tan interesante, pero manipulable a conveniencia, del patrimonio inmaterial. ¡Tengan cuidado!, porque les van a llover las peticiones como la presentada por un alcaldable onubense, que llevaba en su programa electoral declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía "los chistes de Lepe" (¡tranquilos!, no salió elegido).

Mientras tanto, la torre (desplomada) del castillo de Matrera ya no levantará su humareda de alerta cuando el peligro cruce el Guadalete y corra el Salado de Morón acechando a los campos de Utrera, y la hacienda Mejorada Baja tampoco provocará que los conductores de la autopista Sevilla-Cádiz giren su mirada, sorprendidos, ante la impactante visión de su espectacular fisonomía en ruinas.

Es lo que tiene la ceguera: que aunque se quiera, no se es capaz de ver lo que se tiene delante de los ojos.