El PP, alternativa al 'decretazo'

EN los últimos meses hemos asistido en Andalucía a la contestación masiva de buena parte de los empleados públicos a las políticas del Gobierno andaluz a cuenta de la pretendida reordenación del sector público, el decretazo de Griñán, que se ha percibido como una agresión en toda regla hacia la dignidad personal y profesional de los empleados públicos, a la vez que una huida del Derecho Administrativo.

Frente a esto, el Gobierno andaluz ha mostrado la peor de sus caras despreciando la negociación y el diálogo con los sindicatos representativos de la Función Pública y con insultos a quienes han discrepado. El tono crispado, despectivo y altanero apunta a que es más que posible que no rectifiquen. El caso es que no se ha podido hacer peor por parte del Gobierno Socialista, de éste y de los que le han precedido, los cuales han sobredimensionado en Andalucía un sector público con más de 300 entes instrumentales, de altísimo coste para las arcas públicas e ineficiente.

Hasta en cuatro ocasiones ha sentenciado el TSJA la huida del Derecho Administrativo por parte del Gobierno Andaluz y la creación de una Administración paralela, llegando incluso a anular varias encomiendas de gestión por las que la Junta privatiza labores que pueden y deben ser desempeñadas por funcionarios públicos, lo cual implica un gasto de dinero público que, en el actual contexto de crisis, es intolerable. Esto nos lleva a un modelo impuesto por el PSOE de mayor privatización de los servicios públicos, mayor politización de la Administración, a la vez que la consolidación y el blanqueo de una Administración paralela, y todo ello conculcando derechos fundamentales como el de acceder en igualdad al empleo público, el de libertad sindical y negociación colectiva.

Frente a ello, el modelo del PP andaluz plantea una alternativa razonable y legal que se ha plasmado en 42 enmiendas al Proyecto de Ley, entre las que se pide la derogación de los decretos de julio y noviembre de 2010 aprobados por el Consejo de Gobierno. Un modelo en el que todos tienen cabida, no se excluye a nadie y no se desprecia ni se elude el diálogo.

Nuestro modelo no admite la integración de entes de distinta naturaleza jurídica. Es una apuesta por la defensa de lo público y por el mantenimiento de la legalidad. Abogamos por garantizar que el ejercicio de las potestades administrativas siga en manos de los funcionarios y evitar el uso fraudulento de las encomiendas y la externalización de servicios. Apostamos por el respeto escrupuloso a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la condición de empleado público. Junto a esto, planteamos la reducción de puestos directivos como medida de reorganización y de ahorro real. Además planteamos la puesta en marcha de un Código de Buen Gobierno del sector público que rija las actuaciones de los miembros del Gobierno, altos cargos, personal directivo y responsables de entes instrumentales de la Administración.

Estas enmiendas se han elaborado con espíritu constructivo, sentido común y responsabilidad, pensando en el interés general que debe prevalecer en el actual contexto y desde el más escrupuloso respeto a la legalidad y a los sectores implicados.

Esperemos que el Gobierno andaluz, y el partido que lo sustenta, estén a la altura de las circunstancias y procedan con responsabilidad, arreglando el desaguisado creado por intereses partidarios y desvaríos.