Mercasevilla, un pozo sin fondo

Amedida que la investigación judicial del caso Mercasevilla avanza y se hace más compleja, más elementos de desazón existen para que los ciudadanos desconfíen de la conducta de los responsables políticos municipales y autonómicos. La última derivación del escándalo inicial, relativa a una supuestra trama para introducir intrusos en los expedientes de regulación de empleo autorizados por la Consejería de Empleo durante las tres últimas legislaturas, ha tocado de lleno a la Administración autonómica al poner en cuestión unas políticas -las relativas a la extinción de contratos en empresas privadas y públicas- a las que la opinión pública es extremadamente sensible. La investigación, parece pertinente recordarlo, se originó porque un ciudadano presuntamente extorsionado -el empresario del grupo de hostelería La Raza- decidió poner los hechos en conocimiento de la Justicia. A partir de entonces, y con independencia de los juicios emitidos al respecto por los distintos grupos políticos, la maquinaria judicial es la que ha ido encontrando indicios suficientemente sólidos para abrir hasta cuatro vías distintas de pesquisa: por el citado supuesto soborno, por las irregularidades cometidas en la venta de terrenos de Mercasevilla, por un hipotético delito societario y por la teórica malversación del dinero público de las subvenciones concedidas a los expedientes de regulación de empleo. Es evidente que la gestión de la empresa de alimentación de Sevilla, cuya mayoría accionarial ejerce el Ayuntamiento, ha terminado provocando un tsunami de consecuencias imprevisibles que desvela la fragilidad de los teóricos sistemas de control internos existentes tanto en el Consistorio como en la Junta. Cuesta pensar que con el número de irregularidades existentes todo sea responsabilidad de cuatro aprovechados. Urge que la investigación judicial llegue a sus últimas consecuencias, enjuicie los hechos y abra juicio oral contra los culpables, con independencia de cuál sea su actual responsabilidad política o institucional. La credibilidad del sistema está en juego.