Mejoras en la capacidad competitiva de España

HACE unos días se publicó una actualización del informe Doing Business, que periódicamente publica el Banco Mundial. Apenas se ha prestado atención por parte de los medios. Resulta más atractivo publicar noticias sobre la evolución del empleo, del déficit o de la financiación de las comunidades autónomas. Son los temas que más interesan a los gobiernos, a los partidos políticos y a los ciudadanos. Sin embargo, sin una mejora de la capacidad competitiva de un país para crecer y crear empleo, ninguno de los problemas que preocupan a los ciudadanos tienen solución. Un aumento del gasto público, sin discriminar, o una reducción de impuestos, impulsan el crecimiento y el empleo a corto plazo, pero no lo sostienen más allá de unos trimestres.

Por el contrario, las reformas legales que se lleven a cabo desde el gobierno, para hacer más fácil, más rápida y menos costosa la actividad empresarial, deparan un efecto positivo permanente sobre el crecimiento y sobre el empleo. Son políticas desde el lado de la oferta, que mejoran la capacidad competitiva de un país.

Si enumeramos las diez variables que son objeto de estudio y seguimiento para elaborar el ranking del Doing Business, parecerán algunas de escasa relevancia. Sin embargo, son pequeños obstáculos los que sumados unos a otros, y sumando los millones de actos que la empresas y ciudadanos tienen que realizar, los que explican si el sistema legal obstaculiza o facilita la actividad empresarial. Esa actividad no se refiere sólo a grandes empresas. Por el contrario, los más afectados -tanto por su número como por el coste que les supone- son pymes y trabajadores autónomos que se dedican a una actividad empresarial.

El último informe destaca que España ha ganado un puesto en el ránking mundial de competitividad -pasando del puesto 33 al 32- como consecuencia de pequeñas reformas, pero que tienen un impacto positivo sobre algunas de las variables analizadas.

Las medidas adoptadas este año para la simplificación del pago de impuestos por las empresas ha generado un efecto positivo. Ha supuesto una ligera reducción de los impuestos y un menor tiempo dedicado a todas las tareas administrativas asociadas al pago de los mismos. En este punto, España ha mejorado ocho puestos. En el cumplimiento de contratos, se ha mejorado siete posiciones, al reducirse los costes y el tiempo dedicado a conseguir que un contrato que no se ha cumplido, finalmente se cumpla. Esto incluye los procesos judiciales desde que se interpone una demanda hasta que se cobra una deuda.

También se ha mejorado siete puestos en la variable que indica las dificultades para resolver la insolvencia de una empresa, tanto en coste económico como en tiempo.

No todas son noticias positivas. Con tanto desarrollo del sector de la construcción resulta increíble que aparezcamos en el puesto 113 a nivel mundial. Esto es indicativo de una gran ineficiencia en los procesos administrativos. Igualmente, resulta impactante que hayamos empeorado y aparezcamos en el puesto 78 en lo que se refiere a las facilidades, tiempos y costes de instalación de electricidad para un negocio.

Si el nuevo gobierno puede gobernar, tiene tareas fáciles que aprobar para beneficio de ciudadanos y empresas.