Legislaturas y nacionalismos

ESTAMOS ya en el último tramo de la legislatura en la que ha gobernado España el primer Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero y puede ser oportuno que reflexionemos sobre lo que ha sido esta legislatura para los nacionalismos catalán y vasco y cómo se perfila para ellos el próximo periodo legislativo.

Antes de que comenzara la legislatura que ahora termina se produjo una precipitada promesa de Rodríguez Zapatero, cuando aún no era presidente del Gobierno, que fue la de declarar que haría suya la reforma del Estatuto catalán que aprobara el Parlamento de Cataluña. Hay quien dice que tal promesa la formuló cuando creía que no iba a ser presidente del Gobierno en las últimas elecciones generales de marzo de 2004. Lo cierto es que el Parlamento de Cataluña, casi por unanimidad, aprobó más que una reforma un nuevo Estatuto de autonomía que fue calificado de inconstitucional por órganos propios de la Generalitat.

El propio Zapatero tuvo que rebajar el texto de Cataluña en pacto con Artur Mas, de CiU, cuando el Estatuto llegó al Congreso de los Diputados, lo que determinó que ERC cambiara su apoyo al Estatuto, que se disolviera el Parlamento de Cataluña, que Maragall no se presentara como candidato del PSC a las elecciones autonómicas y que CiU continuara en la oposición de un nuevo Gobierno de coalición entre el PSC, ERC e IU, con el andaluz Montilla de presidente. Por si fuera poco, el Defensor del Pueblo, el PP y las comunidades de Aragón y Valencia interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto, recursos, los dos primeros, que han producido una profunda división y crisis en el seno del Tribunal Constitucional, sin que todavía sepamos si tales recursos se van a resolver o no antes de las próximas elecciones generales, con la trascendencia que ello tendrá para el futuro del Estado de las Autonomías.

En el País Vasco, el nuevo Estatuto, aprobado por escasa mayoría en el Parlamento, denominado Plan Ibarretxe, que definía a Euskadi como comunidad libremente asociada a España, no fue admitido a trámite, por gran mayoría, por el Congreso de los Diputados. El lehendakari Ibarretxe tiene anunciado que si no se llega a un acuerdo con el Estado convocará un referéndum sobre el nuevo Estatuto.

En el País Vasco se produjo otro importante acontecimiento, que fue el alto el fuego indefinido anunciado por ETA que, tras una declaración del Congreso de los Diputados, dio lugar a unas conversaciones entre el Gobierno y ETA que terminaron con fracaso, con la vuelta a los atentados por parte de ETA. Con anterioridad quedó roto el pacto del PSOE y del PP sobre las libertades y contra el terrorismo.

Sin embargo, las cuatro reformas constitucionales anunciadas por el Gobierno ni siquiera se han tramitado, y eran la igualdad de sexo para acceder a la Jefatura del Estado, la enumeración de las Comunidades Autónomas en la Constitución, la reforma del Senado y la invocación en la Constitución del Tratado para la Constitución europea. No parece que estas reformas se planteen en esta legislatura.

Recordados estos acontecimientos ocurridos en esta legislatura en Cataluña y el País Vasco, debo analizar cómo se presentan los nacionalismos catalán y vasco ante la próxima legislatura. En Cataluña, el nacionalismo de Convergencia, no así el de Unió, se ha radicalizado y han proclamado el derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro, algo que viene a ser el derecho de autodeterminación. El caos de las infraestructuras de transportes en el aeropuerto del Prat, en los trenes de Cercanías y en las obras del AVE ha indignado a los catalanes, que piden gestionar las infraestructuras del Estado en Cataluña. Así lo pidieron en una reciente y multitudinaria manifestación que terminó pidiendo la independencia.

En el País Vasco, el lehendakari Ibarretxe ha reiterado recientemente que convocará un referéndum sobre su Plan si no se llega a un acuerdo con el Estado y se lo ha expresado al presidente Rodríguez Zapatero en una entrevista en la que éste le negó tal posibilidad. Por otra parte, el moderado Josu Jon Imaz, presidente del PNV, ha dimitido por su disconformidad con esa política de Ibarretxe y lo ha sustituido Urkullu, que se consideraba moderado pero que también se ha sumado a la convocatoria del referéndum anunciada por Ibarretxe.

El PP ha incluido en su programa electoral una reforma de la Constitución para blindar las competencias del Estado y que las transferencias a la Comunidades Autónomas sean por delegación y no por cesión de titularidad.

Reformas propuestas por el PSOE y por el PP que requieren el consenso recíproco y hay quien piensa que, ante la deriva soberanista de los partidos nacionalistas, es necesaria para la próxima legislatura esa gran y difícil coalición entre el PSOE y el PP.