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Gafas de cerca
Tacho Rufino
VUT con placa y todo
Tribuna Económica
UNA de las propuestas electorales de IU en las últimas elecciones en la comunidad autónoma andaluza fue la de la creación de un banco público, con el objetivo de que la administración regional contara con un instrumento directo de concesión de créditos a las empresas y a las familias.
Pasa el tiempo desde que PSOE e IU formaron el actual gobierno y la promesa no se materializa. Se supone que las presiones que IU está ejerciendo sobre el PSOE de Andalucía han obligado a la presidenta, Susana Díaz, a reconocer que la Junta está decidida a crear un instrumento de crédito público, como el ICO, con el objetivo de hacer llegar el crédito a las pymes, que son las que más empleo generan. Pero ha aclarado también, que el instrumento de crédito no será como el de la banca minorista que conocemos, con oficinas y empleados, sino a semejanza del ICO estatal.
Una de las ideas que comparten los ciudadanos, y también muchos economistas, es que los gobiernos detentan un enorme poder para resolver los problemas económicos. Y en ocasiones y para algunos problemas es así. Baste pensar en las políticas de carácter macroeconómico, que son manejadas directa o indirectamente por los gobiernos. Las políticas monetarias, fiscales o de tipo de cambio pueden ejercer una influencia poderosa sobre la actividad.
Sin embargo, cuando se trata de problemas de carácter microeconómico o de naturaleza financiera, el poder de los gobiernos es muy limitado en el corto plazo. El objetivo de un instituto como el ICO tiene justamente esa naturaleza microeconómica y financiera. En particular, canalizar el crédito hacia pymes y autónomos en unas condiciones más favorables que las que concede el mercado. Pero esas condiciones no pueden ser sustancialmente distintas, por varios motivos.
En primer lugar, el ICO andaluz puede apoyarse en la banca minorista que existe en Andalucía, pero ésta sería la que analizaría las peticiones de crédito y quien decidiría sobre su concesión. En consecuencia, la tasa de aceptación de las solicitudes no será mucho mayor que la actualmente existente. Hacer lo contrario, asumir los riesgos directamente, conduciría al ICO andaluz a la ruina en dos o tres años.
En segundo lugar, la captación de recursos no se ha definido. Hay dos opciones que son complementarias. Por un lado, el ICO andaluz podría emitir deuda para captar recursos en el mercado. Le resultaría muy difícil. El rating de la Junta de Andalucía otorgado por Moody's lo sitúa en Ba1, una categoría especulativa y, por tanto, sometida a alto riesgo. Captar recursos sería muy caro y, en consecuencia, el ICO andaluz concedería créditos más caros que la banca minorista.
La segunda opción sería dotar directamente al ICO con recursos propios de la Junta. Esto le exigiría reducir recursos para otros fines y asignarlos a este nuevo. No sería fácil. Adicionalmente, podría canalizar a través del ICO fondos provenientes de la Unión Europea y otros organismos. Pero estos fondos ya los recibe. Si usa esta vía, se trataría de una operación cosmética, por la que se le llamaría de otra forma, crédito del ICO andaluz, a lo que ya hoy existe.
Si se crea el ICO andaluz, le deseamos el mayor éxito, pero nos tememos que tanto el alcance como los resultados van a ser muy limitados, en el mejor de los casos.
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