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El pinsapar
Enrique Montiel
Uno por uno
La tribuna
EN contra de las indicaciones y recomendaciones de distintas instancias europeas el ministro Wert ha tomado la decisión de, en la nueva ley de Educación, suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, así como la asignatura de Ética y Ciudadanía del currículum escolar. Supongo que una medida de tanta gravedad y trascendencia social debe haber sido tomada después de haberlo meditado mucho y, en consecuencia, responder a unos principios ideológicos bien asentados.
En distintas ocasiones el ministro de Educación se ha calificado de liberal. Hemos de entender el concepto de liberal no al modo estadounidense, donde liberal parece querer aproximarse a la socialdemocracia, sino al modo en que tradicionalmente se entiende en Europa, es decir, alguien que da prioridad a la libertad individual por encima de otros valores y derechos (dejo a un lado el liberalismo económico). Una posición radical de ese principio nos lleva al pensamiento libertario, esto es, a aquellos que piensan que el Estado no puede ni debe intervenir en la vida de los individuos, la cual se debe construir de acuerdo con los valores y prioridades de cada uno, bien entendido que dentro del máximo respeto a la libertad de los demás. Dicho en otros términos, el Estado debe ser neutral en materia de valores.
Desde esa óptica, el Estado no debe inculcar valores en el sistema educativo ni debe promocionar la formación de buenos y virtuosos ciudadanos, puesto que esa sería una intromisión y manipulación intolerable en la libertad individual y en el derecho de cada ciudadano a formar a sus hijos en las creencias y valores que les parezcan oportunos. Frente a esta tesis está la más común en Europa, expresada tanto en el Informe Eurydice como en las recomendaciones del Consejo de Europa, que supone que es obligación del Estado formar buenos ciudadanos e impulsar y potenciar la formación de personas con talante democrático y sentido crítico. Para ello el sistema educativo debe contemplar contenidos y procedimientos que hagan posible y potencien esos valores y normas que creemos deben conformar una sociedad democrática.
Pues bien, yo había entendido que el ministro Wert, a fuer de liberal, había optado por ser coherente y que la supresión de dichas asignaturas respondían a esa opción ideológica, que yo no comparto, pero que tiene su lógica. En nombre de la libertad se denuncia y evita cualquier manipulación e intromisión del Estado.
Pero lo que ha ocurrido es que se ha potenciado otra asignatura, la de Religión, que implica no ya la "intromisión" de unos valores socialmente compartidos sino de aquellas creencias y valores que forman parte de la más estricta privacidad del individuo. Nadie está obligado a declarar sobre su religión o sobre sus opciones políticas, excepto en la escuela, donde nos vemos sometidos a hacer públicas cuáles son nuestras creencias más íntimas y donde se imparte una asignatura que pretende evangelizar.
Es evidente que el ministro no ha eliminado las asignaturas de Ciudadanía por respeto a la privacidad de los ciudadanos ni por ser coherente con una cierta idea de libertad. Las ha eliminado para congraciarse con un poder fáctico, la jerarquía católica, y dar satisfacción a los sectores más conservadores de la derecha.
Y quien nos ha dado la clave para entender la posición del Gobierno y extraer esta conclusión ha sido la señora Gomendio, a la sazón secretaria de Estado de Educación, en una entrevista a la Cadena Ser. La alternativa a la asignatura de Religión, Valores Sociales y Éticos, afirma, conseguirá que los alumnos, que no cursen Religión, "durante todo el horario escolar estén haciendo algo productivo". Nunca se hubiese oído un disparate mayor. Algunos habían criticado la disyuntiva que se producía en la legitimación de los valores sociales al hacer optar entre Religión y Valores Sociales y Éticos al alumnado. La cuestión es más honda y más grave. Hemos vuelto a la Edad Media: Philosophia ancilla Theologiae (La Filosofía sierva de la Teología).
Este Gobierno, tan liberal en lo económico, no ha mantenido esos principios en la Educación. El Ministerio no ha hecho una reflexión y ha actuado en consecuencia. Se ha dejado llevar por las presiones de unos y de otros; en realidad sólo de las de unos. Dicho de otra manera, el ministro Wert no era un liberal coherente sino sólo un conservador despechado dispuesto a reparar la injusticia histórica de que las leyes educativas de la democracia hayan sido socialistas. Y la mejor manera de remediar tal desaguisado es volver, no a la franquista Ley General de Educación, sino a tiempos anteriores donde la Iglesia tenía encomendada la Educación, y la Enseñanza Pública actuaba al modo de ancilla de la Privada.
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