Editorial: Una huelga inútil y condenada al fracaso

LOS sindicatos mayoritarios anunciaron ayer la convocatoria de una huelga general contra la reforma laboral que prepara el Gobierno de la nación. La huelga, sin fecha concreta, fue adelantada por Comisiones Obreras, aunque el llamamiento será conjunto desde esta misma tarde. Las centrales sindicales, que fracasaron al movilizar a los funcionarios contra la reducción salarial decretada por el Ejecutivo, habían trazado una línea roja en relación con la reforma del mercado de trabajo, que consideran cruzada por el Gobierno una vez fracasada la negociación tripartita, al comprobar que la reforma en cuestión, sin llegar a satisfacer las demandas empresariales, hace el despido más fácil y barato. Paralelamente, el Gobierno ha accedido a plantear su iniciativa como proyecto de ley, lo que pretende facilitar su objetivo de lograr el respaldo de algunos grupos parlamentarios, especialmente el PP y los nacionalistas de CiU. El abandono del procedimiento del decreto y la búsqueda del consenso político entre los representantes de la mayoría de los ciudadanos, necesario tras constatarse la imposibilidad de un pacto entre sindicatos y empresarios, convierten la convocatoria de huelga general en un mecanismo de protesta aún más inconveniente. La huelga general, que será la séptima de la democracia -aunque dos de ellas fueron prácticamente simbólicas-, no sólo perjudicará a una economía nacional muy deteriorada por la crisis, sino que está condenada al fracaso en la medida en que la flexibilización de las relaciones laborales constituye una necesidad imperiosa, alentada por las organizaciones internacionales a las que pertenece España y exigida por nuestros socios europeos en defensa de la estabilidad del sistema financiero. Por si fuera poco, son muchas las dudas existentes acerca de la credibilidad de las organizaciones sindicales para llevar a los trabajadores, afiliados y no afiliados, a una movilización sin salida clara. Las huelgas generales que se hacen para no ganarlas, obligando a los gobernantes a dar marcha atrás en sus programas, se vuelven siempre contra los convocantes. Los sindicatos se la juegan.