Editorial: Rajoy fuerza la dimisión de Camps

LA situación de Francisco Camps al frente de la Generalitat valenciana se había hecho insostenible después de que el juez instructor del Tribunal Superior de la comunidad dictase auto de apertura de juicio contra él y otros tres dirigentes del Partido Popular por un presunto delito de cohecho pasivo: por haber aceptado regalos de la trama Gürtel, vinculada a dicha formación política en varias comunidades autónomas, a cambio de un tratamiento favorable en sus contratos con la Generalitat y el PP regional. Aunque él sigue defendiendo su inocencia, el auto aporta indicios, pruebas documentales y testimonios suficientes para consolidar la hipótesis de que Camps se dejó gratificar por una red corrupta en su condición de presidente valenciano. Y si él se encontraba ya desde hace meses, y más ahora, en esa situación insostenible políticamente, la posición en que dejaba al Partido Popular, y en particular a su candidato a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era completamente inaceptable. La sola idea, bastante previsible, de que Rajoy afrontara la inminente campaña electoral mientras uno de sus barones territoriales más relevantes se sentaba en el banquillo acusado de un delito de corrupción política, por menor que sea, causaba estragos en sus expectativas de voto. Eso es lo que ha llevado a la cúpula del Partido Popular a presionar a Francisco Camps para que aceptara hacer lo que debió hacer mucho antes: dimitir de su cargo para poder defenderse de las acusaciones que pesan sobre él sin perjudicar la imagen de su partido. Camps podría haber elegido la otra opción, consistente en declararse culpable y pagar la multa que solicitaba la Fiscalía y la acusación particular, permaneciendo al frente de la Generalitat. Hubiera sido una salida aún peor, porque equivaldría a continuar gobernando después de haber cometido un delito y haber mentido al juez instructor y a la opinión pública. Francisco Camps ha sacrificado su futuro político en beneficio del Partido Popular y del candidato Rajoy. Ha sido la solución menos mala, aunque tardía.