Dependientes

LAS reacciones a la decisión del Constitucional sobre Bildu me retan a prolongar indefinidamente las reflexiones no ya sobre el caso concreto de los abertzales y su derecho a la participación política, sino sobre el peculiar concepto que tienen los partidos de la independencia judicial. Cuando el Supremo, el 1 de mayo, acordó en apretada votación cerrar el paso a las listas de la coalición vasca, el PP lo consideró un "triunfo de la libertad y de la democracia" representativo en la independencia judicial. Cuando unos días después el Constitucional rectificó al Supremo la Justicia, es decir, el arquetipo del tercer poder del Estado, ya no era independiente sino justo lo contrario: dependiente, paniaguado y vendido. Es decir, la independencia depende de la dirección en que actúe el tribunal. Si sigue una línea interpretativa es positivo; si, por el contrario, avala una distinta es negativo. Incluso dando por bueno que los tribunales actúen a dictado de los partidos, el PP no debería extrañarse (ni el PSOE, ni ninguno de los partidos que han pillado cacho en el nombramiento de los jueces), pues ha sido parte activa del mantenimiento de un sistema de proporcionalidad contaminado por las posiciones ideológicas.

Dentro de un año, si no hay novedad, el PP ganará las elecciones y tendrá la oportunidad de resolver los defectos que ha observado a lo largo de las dos larguísimas legislaturas que ha penado en la oposición. José María Aznar, muy enfurruñado, dijo el domingo en un mitin (además de responsabilizar al Gobierno de que ETA "esté en las instituciones") que cuando el PP llegue al poder los abertzales quedarán de nuevo al margen de los procesos electorales. Usó la segunda personal del plural. ¿Nosotros quiere decir incluido Aznar en labores de gobierno? ¿Aznar y el Constitucional? ¿Con Rajoy? ¿Tendrá razón Zapatero cuando dijo que él y Mariano no forman parte ya del futuro político? ¿Y qué harán para que no se reproduzcan arbitrajes como el que ha permitido a Bildu presentarse a las elecciones municipales?

La solución más lógica es depurar el Constitucional de magistrados. Bueno, igual no he debido escribir así, a lo bruto, depurar. Hay términos más finos para definir esos cambios sutiles en los tribunales y que no parezcan un brusco manotazo de un poder del Estado sobre el otro. En España hemos asumido con una inquietante normalidad que la conquista del poder político lleva consigo el sometimiento ideológico de los altos tribunales. Además, basta con suprimir el sistema de elección de magistrados según la proporción política y dejarlo en manos de las asociaciones profesionales de jueces que son mayoritariamente conservadoras. Y colorín, colorado el asunto está zanjado.