Decreto ley contra los funcionarios

SE ha acabado el "vuelva usted mañana". Larra no sólo habría tenido que escribir otro artículo, sino que se habría echado con los funcionarios a la calle y habría cogido un silbato. En Andalucía, hoy, ser funcionario es pitar, y ser ciudadano, o creer que la Administración pública merece ser salvada verdaderamente, y no dinamitada desde dentro. Ahora, los empleados de las distintas consejerías y centros provinciales exigen la derogación del decreto ley 5/2020 y del 6/2010. Fue el 28 de julio cuando se publicó el primero. El decreto ley es un medio legislativo del Gobierno, sin debate parlamentario, basado en una extraordinaria y urgente necesidad. Tal era la necesidad que se hizo el 28 de julio, con todos ya en calor, de vacaciones, ausentes.

¿Causa? Habría que preguntarse, para empezar, cuántas administraciones hay, porque en los últimos veinte años se ha ido tejiendo una red de empresas públicas, fundaciones, agencias o consorcios paralela a la Administración. Estos trabajadores, miles, no ganaron su puesto por oposición, como todo funcionario. A partir de ahí, estos empleados trabajan en fundaciones que reciben dinero público para acciones reservadas, por ley, a los funcionarios públicos, con lo que se vacía de autoridad y contenido a los funcionarios. Este personal de las empresas públicas, contratado sin oposición, por obra y gracia de este decreto será parte formal de la Administración pública de la Junta, pero sin haber superado los controles previstos en el estatuto básico del empleado público. Por otro lado, los funcionarios que prefieran no integrarse en estas agencias, serán la población flotante de una tierra de nadie laboral, ya casi sin opciones de optar a otros concursos que seguramente no se convocarán. Hoy precisamente, Día de la Constitución, habría que recordar el artículo 103.3: "La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad", y el 23.2, que alude a las condiciones de igualdad imprescindibles para acceder a los empleos y cargos públicos. Esta igualdad quiebra, porque con tantos trabajadores de fundaciones y agencias, convertidos en funcionarios públicos sin serlo, por un decreto trampa, se rompe la oferta pública. Y asumirán un rango que no les corresponde, y también el poder de inspeccionar, tasar, la vida de los ciudadanos.

Ésta no puede ser la solución. Hace falta una reestructuración real, y más motivación por resultados, no un parche siniestro y mal cosido, más cercano al disparate jurídico. No necesitamos dos administraciones paralelas, y mucho menos unirlas, para poder unificar luego, si se tercia, los despidos, cuando no todos entraron de igual forma. Los funcionarios salen a la calle. Defienden su derecho, que también es el nuestro. Ellos no se esconden, dan la cara, y pitan civilmente. Es un movimiento sin política, con una ideología plena de justicia y dignidad.