Dan la razón a ciudadanos que se movilizan

LOS tribunales dieron la razón a los ciudadanos que protestaron por la construcción de la Biblioteca de la Hispalense destruyendo parte de un parque hecho con fondos europeos, sobre unos terrenos donde urbanísticamente era ilegal enclavar el edificio de Zaha Hadid. La Unesco ha dado la razón a la plataforma ciudadana que denuncia el descomunal impacto en el paisaje de Sevilla de un rascacielos de 180 metros, diseñado por César Pelli, junto a Triana y frente al casco antiguo. Son dos ejemplos de participación ciudadana en la configuración de la ciudad. Igual que se está dirimiendo en el Tribunal Supremo, con Garzón en el banquillo, que hay principios y derechos que no pueden ser conculcados bajo la el pretexto de la persecución del delito, lo mismo cabe decir en materia urbanística. Sevilla no puede ser un patio de monipodio donde cada poderoso o iluminado quiera construir donde le dé la gana y como le dé la gana, invocando que su santa voluntad es en aras del progreso.

Para que la Unesco no le retire a la Giralda, la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar el título de Patrimonio de la Humanidad, el pacto está servido y es bien fácil en el centro de oficinas y servicios que se está haciendo en la Cartuja: una torre con sólo la mitad de la altura prevista. Esa opción ya la tenían estudiada, antes de la revelación de ayer, tanto el alcalde Zoido como José Luis Manzanares y Antonio Pulido, los principales impulsores de esta operación inmobiliaria. Cuya viabilidad a la hora de alquilar plantas y metros cuadrados a precio de milla de oro ya era un negocio de ciencia ficción, pues la gravedad y la duración del desplome económico (véase lo que dijo ayer sobre España el Fondo Monetario Internacional) son una realidad persistente que nada tiene que ver con los estudios elaborados hace un lustro para legitimar tamaño hito arquitectónico.

No es sólo el recorte de la última idea faraónica de la era Monteseirín, sino el ajuste que marcará el cierre de la época de la desmesura, cuya autoría intelectual es un sujeto colectivo formado por multitud de políticos, empresarios, financieros y entidades. Eso que se suele resumir con la frase La fiesta se ha acabado. No sólo la fiesta de la arquitectura galáctica, sino también la fiesta de un presuntuoso modelo de crecimiento que entierra sus mejores recursos en proyectos enormes que no solucionan las grandes carencias de nuestra sociedad para ser competitiva y próspera. Ninguno de los promotores de este rascacielos en aras de la modernidad pendiente propondría hoy poner en marcha un edificio como la Torre Pelli. Echarían mano de los argumentos en contra que desestimaron, y descartarían meterse en esa aventura. Es probable que plantearían hacer en la Cartuja un proyecto urbanístico como el de Abengoa en Palmas Altas, para abundar en el sueño de una Silicon Valley donde lo importante no es la altura de los edificios sino la estimulación del talento de los emprendedores.

Con el fallo de la Unesco, todos salen ganando en Sevilla. Incluso quienes construyen la torre, pues menguan tanto sus costes como la dificultad de rentabilizarla. Y los adalides de la Plataforma Túmbala (quizás deban rebautizarla Achátala) se convierten en un ejemplo ante los sevillanos que creen imposible sacar adelante una reivindicación. Qué lección a tantos que se limitan a quejarse o arreglar el mundo en el bar, sin poner en marcha ninguna acción.

Los miembros de Túmbala han dedicado muchas horas durante tres años a un tema que a todos incumbe, y en el que no les movía más beneficio que defender los intereses de la ciudad, se estuviera de acuerdo o no con sus ideas. Han aportado un gran caudal de datos al debate público sobre el rascacielos. Y, ahora que se va a hablar mucho sobre la indemnización a pactar, tema en el que algunos querrán sacar tajada millonaria a costa del dinero de los sevillanos, relean el estudio sobre cuánto debe ser la indemnización, que publicó en Diario de Sevilla el 5 de octubre del pasado año el arquitecto José García Tapial, ex jefe de la Gerencia de Urbanismo. Ténganlo a mano los concejales del Ayuntamiento de Sevilla.