Copago: solución o problema

E L 1 de julio entra en vigor el Real Decreto16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Entre las actuaciones que incluye destacan sobremanera las de excluir a inmigrantes que no gocen de autorización para residir en el Estado español y el aumento en las aportaciones del usuario en el pago de los medicamentos. Las consecuencias de este real decreto son tremendamente importantes y van a suponer una modificación sustancial en nuestro sistema nacional de salud, más que garantizar la sostenibilidad del que ya existía.

En primer lugar, el sistema público deja de ser universal y pasa a ser de disfrute de los que gocen de la condición de asegurados, pareciéndose más a un seguro privado, financiado a través de las aportaciones de sus usuarios. Esto es muy grave, ya que la salud pública de los que residen en un país no depende sólo de cuánto se cuiden, sino que tiene que ver con la de los otros que allí conviven. Un ejemplo muy claro: la esperanza de vida del ciudadano más rico de la República del Congo no es mayor que la de un ciudadano de clase media-baja en España, hasta ahora, gracias a las políticas de salud pública universal que nos hemos dado. Romper esto, supondrá tener peores niveles de salud y, por tanto, sistemas sanitarios mucho más caros por sus desigualdades.

En definitiva, debemos ser conscientes de que tendremos cada uno de los asegurados de este país un peor nivel de salud y nuestro sistema nos costará más. En España el gasto sanitario público es del 9,5% del PIB, inferior a los países de nuestro entorno, como Francia (11,8), Alemania (11,6), Portugal (10,1) o el Reino Unido (9,8). Y si se compara con un sistema como el de Estados Unidos, basado en aseguradoras privadas, esas que dicen que gestionan tan bien la sanidad, la cifra es alarmante (16,2), con una esperanza de vida de tres años más a favor de nuestro país. Si esto ha sido así hasta ahora se debe a la apuesta decidida por la atención primaria y por una sanidad universal. Aumentar los desequilibrios que ya existen, porque el sistema dista mucho de ser perfecto y podría dotarse de muchísima más eficiencia, va a encarecer el sistema, va a abrir caminos hacia la privatización y habrá que ver cómo se paga si nos acercamos a porcentajes del PIB para sanidad similares a los de Estados Unidos.

En segundo lugar, el copago farmacéutico. Aunque contiene un aspecto positivo, de que los parados que hayan agotado las prestaciones sanitarias queden exentos de aportación, se introduce un aumento de la misma para el resto de usuarios, diferente y adicional al que ya hacían a través del impuesto de la renta. Parece que culpabilizar al usuario del gasto es la razón de incluir este nuevo pago. Sin embargo, no existe ningún estudio que demuestre que este tipo de políticas reduzca el llamado gasto farmacéutico, que sí fomenta las desigualdades ya existentes. Y como toda medida económica, siempre perjudicará a los más pobres, que además son los que disfrutan de peor nivel de salud.

Hay muchas familias en paro a las que están sosteniendo económicamente los abuelos con sus pensiones. A partir de ahora, van a tener que contribuir con una parte de éstas para los medicamentos que precisan, con lo que ello supondrá en el mantenimiento de más de un millón setecientas mil familias con todos sus miembros en paro que hay en España.

Limitar el acceso a los medicamentos, que constituyen el recurso terapéutico más económico para combatir la enfermedad, supondrá tener que utilizar otros mucho más caros. Otro ejemplo: si se limita el acceso a medicamentos para el riesgo cardiovascular, y se provoca un infarto, podría ser que, de sobrevivir el paciente, tuviésemos que pagar los seiscientos euros diarios de una cama hospitalaria, los dispositivos que haya que ponerle, los medicamentos y quizás una jubilación anticipada durante muchos años. ¿Demagogia? Puede que sí. Pero lo que sí es más seguro es que este sistema sanitario queda en manos de gerentes que lo entienden como compartimentos aislados, podrán hacer los artificios contables que les parezca ante sus responsables políticos, pero no harán mucho más que eso.

Nuestro sistema sanitario público necesita reformas, la sociedad española está hipermedicalizada, hay que racionalizar qué tratamientos debe asumir el Estado, incluir de forma urgente políticas de optimización de la farmacoterapia que tanto ahorro están dando en otros países. Pero hay una falta de voluntad política de acometer una reforma profunda, sin menoscabar la necesaria universalidad y solidaridad de un sistema sanitario como el nuestro, que va a terminar por resquebrajar lo que tanto tiempo se tardó en conseguir.