¡Oh, Fabio!
Luis Sánchez-Moliní
Maneras de vivir la Navidad
Mientras el secesionismo alcanza plena legitimidad política de la mano del PSOE, los desmoralizados unionistas catalanes siguen recibiendo golpes impunes. El caso de Francisco Oya, profesor de Historia desde hace más de treinta años, refleja muy bien la situación a la que se enfrentan desde el más completo desamparo. Oya ha sido sancionado con diez meses de suspensión de empleo y sueldo a instancias del director de su instituto, el famoso Juan Boscán de Barcelona, por haber entregado a sus alumnos de Bachillerato ciertos materiales didácticos que recogían textos literales de conocidos catalanistas, desde Prat de la Riba a Heribert Barrera, en los que se patentizaba la ideología racista de esas figuras del independentismo. Esos materiales ofrecían a sus alumnos la posibilidad de contrastar la leyenda rosa contada por el manual de la asignatura, pero escandalizaron al director, quien afeó al profesor "que hacían quedar mal al catalanismo". Como este no se dejó amilanar, siguió una campaña de acoso que Oya describe así: "Primero el director llamó a un periodista del diario digital El Món... Fueron al centro y se entrevistaron con él. Sacaron un artículo calumnioso, sin dignarse contrastar la información conmigo". Luego, el director "pidió a un sector de alumnos que grabaran mis clases, expusieran mis materiales didácticos en las redes y dijeran que yo era un fascista peligroso, racista, machista y no sé cuantas cosas más". A ello siguió la colocación de pancartas dentro y fuera del instituto con insultos, la convocatoria de asambleas y la promoción de huelgas contra sus clases. Finalmente, "Me abrieron un expediente... por ser "un machista, sexista y homófobo", por no "cumplir con mi horario de trabajo". El expediente era auténticamente surrealista... Presenté documentación, en las alegaciones, que lo desmentían todo. Solicité testificales y diversas pruebas que denegaron, dejándome en una indefensión absoluta...". En la entrevista de la que bebo, Oya, que reconoce haber militado en la extrema izquierda en el pasado, dice no ver otra solución para la libertad de enseñanza en Cataluña que la reversión de las competencias al Estado central.
El linchamiento de Oya, que no estimula el celo de la Fiscalía tan solícita con los derechos de Puigdemont, nos alerta también de la degradación de la otrora tan respetada libertad de cátedra. Pero no hablamos sólo de Cataluña. ¿Cuánto tardaremos en contemplar casos parecidos en otras partes de España como consecuencia de la aplicación de la ley de Memoria Histórica?
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