Un CGPJ podrido

Una de las ocurrencias felices del ministro de Agricultura y Alimentación Miguel Arias Cañete fue la de que se comía los yogures superada su fecha de consumo preferente. Se puede aplicar el ejemplo a la realidad que vive el Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ terminó su mandato hace más de dos años y no se renueva entre otras cosas porque al Partido Popular, que lo controla por mayoría absoluta, no le interesa perder su hegemonía. El PP quiere repartirse los vocales con el PSOE como han hecho siempre, con alguna concesión ocasional al PNV o Convergencia. Pero Casado no quiere ni por asomo que Podemos, ERC y Bildu metan la cuchara en ese guiso.

Ha iniciado el PP una deriva insumisa. Sin ir más lejos, está dispuesto a incumplir la nueva ley de Educación hasta donde sea posible. Resistencia civil, legal y constitucional, lo llama su secretario general. Se olvida que tiene la obligación no sólo de cumplir las leyes, le gusten o no le convengan, sino también el deber de dar ejemplo en el cumplimiento de las normas.

El nuevo mantra popular es la separación de poderes. Ayuso está dispuesta a que su comunidad autónoma renuncie a proponer miembros para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en beneficio del caducado CGPJ. Entretanto, esta semana se ha sabido que el presidente interino y otros ocho miembros del Consejo se han subido el sueldo un 5,7%. Y la Mesa del Congreso aceptó el miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones del CGPJ mientras no sea renovado. Queda aparcada de momento la idea de reducir a mayoría simple los tres quintos necesarios para elegir a los 20 vocales por Congreso y Senado.

En nombre de la separación de poderes hay quien plantea que sean los jueces los que elijan a los miembros y controlen el poder judicial. El problema es que quién controla entonces a los jueces. La Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, al que representan Las Cortes Generales. Así que tiene sentido que Congreso y Senado nombren a los miembros del Consejo entre jueces y juristas de reconocido prestigio. Y que el debate sea entre todos los partidos de las dos Cámaras, a propuesta de las asociaciones profesionales si se quiere, pero la soberanía la deben ejercen Las Cortes. Sería deseable que todos partidos sin excepción participaran en el debate y eligiesen para puestos tan relevantes a personas que alcancen amplios consensos, no a magistrados estampillados.

Mientras tanto, aquí estamos, ante un consejo en pugna con el Congreso que tiene pendientes decenas de nombramientos, incluidos miembros del Supremo, que son cargos para toda la vida laboral… Por usar el símil del ex ministro, ya no estamos ante un consejo que haya pasado su fecha de utilidad. Ni siquiera es que esté caducado hace tiempo; después de dos años el yogur de Arias Cañete estaría podrido.