Austeridad obligada

LA Junta de Andalucía se dispone a congelar los presupuestos generales de la comunidad autónoma durante los dos próximos años. El presupuesto vigente, del ejercicio 2010, ya supuso una leve reducción, del 0,1%, con respecto al primer año de la legislatura, cuando todavía presidía la Junta Manuel Chaves. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, negocia con los demás consejeros los ahorros que cada departamento habrá de efectuar para ajustarse a la nueva consigna de la austeridad. Hay que señalar que el margen de maniobra no es amplio, puesto que el presidente Griñán ha acotado que las inversiones y gastos en educación y sanidad son considerados prioritarios, constituyendo las partidas más abultadas de los presupuestos. Al mismo tiempo, se prevé que aumente el número de perceptores de ayudas derivadas de la aplicación de la ley de dependencia. Por tanto, los reajustes afectarán de modo sustancial a las restantes consejerías. Es de destacar que la inversión en infraestructuras, siempre positiva a efectos de garantizar el crecimiento económico y la generación de empleo, se va a ver afectada por el plan de austeridad, pasando a depender en buena parte de la financiación compartida entre la Junta y las empresas privadas, que sólo acudirán a cubrir estas necesidades si fluye el crédito y se ven perspectivas de hacer negocio. La obligación de adaptarse al plan de estabilidad comprometido por el Gobierno de España ante la Unión Europea implica, igualmente, un severo ejercicio de recorte del gasto de la propia Administración, en la que la austeridad ha de manifestarse con fórmulas de reducción y fusión de empresas públicas, fundaciones y observatorios. La maraña de organismos creados con excesiva alegría durante los años de euforia económica tiene que dar paso necesariamente a una política de racionalización y contención acorde con las circunstancias dramáticas que atraviesa la economía andaluza, además de la aportación que desde Andalucía ha de hacerse a los programas de reducción del déficit público que planea el Gobierno de la nación. En resumidas cuentas, vienen tiempos de rigor presupuestario y ajuste del cinturón. Como haría cualquier familia o empresa afectadas por la crisis.